Por unanimidad, se aprobó este lunes 8 el informe final de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de definir objetivos y lineamientos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, presidida por la congresista Magaly Santisteban (Fuerza Popular).
Asimismo, señala que, pese a los avances alcanzados por las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, persisten limitaciones estructurales, operativas, tecnológicas y normativas que reducen la eficacia de las acciones de prevención, inteligencia e investigación criminal.
La comisión identificó vulnerabilidades en tres ámbitos estratégicos: la seguridad y el control fronterizo, las capacidades de inteligencia e investigación criminal y los mecanismos de inteligencia financiera destinados a combatir las economías ilícitas que financian a las organizaciones criminales.
Recomendaciones de la Comisión
Entre las recomendaciones formuladas por la comisión figuran el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Migraciones y las Fuerzas Armadas.
Además, la modernización de los sistemas de vigilancia y control, la agilización del acceso a información financiera relevante para las investigaciones, y el fortalecimiento de la capacitación especializada del personal policial, fiscal, militar y de inteligencia.
También concluye que la implementación de estas medidas contribuirá a mejorar la capacidad preventiva y reactiva del Estado frente al terrorismo y el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad nacional, la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país.
Santisteban destacó que la comisión desarrolló una amplia agenda de trabajo para recopilar, sistematizar y analizar información especializada sobre las organizaciones criminales transnacionales para la seguridad nacional y ciudadana.
El grupo de trabajo realizó mesas de trabajo especializadas, reuniones de coordinación interinstitucional, audiencias con autoridades y expertos, así como visitas de fiscalización a entidades públicas, instalaciones policiales, dependencias de inteligencia, complejos fronterizos, bases militares y otras unidades vinculadas al sistema de seguridad del Estado.
(FIN) RAI/JCR
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