La Comisión Permanente del Congreso dio un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elabore el informe final sobre la denuncia planteada contra el exministro del Interior, Rubén Vargas y el actual titular de esa cartera, José Elice por el pase al retiro de generales de la Policía Nacional.
A ambos se les atribuye infracción constitucional y la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público. Estos habrían sido cometidos cuando se dispuso el pase al retiro de un grupo de generales de la Policía Nacional, a fines del año pasado.
La denuncia original, planteada por un grupo de los oficiales mencionados, incluía también al comandante general de la Policía, César Cervantes, pero la subcomisión declaró improcedente considerarlo en sus alcances.
De igual manera, la Comisión Permanente acordó devolver a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia planteada contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Esta fue planteada originalmente por la excongresista Yeni Vilcatoma, por considerar que Sánchez incurrió en omisión y demora en las diligencias que debía realizar respecto al caso del exvocal supremo César Hinostroza.
El parlamentario Carlos Almerí (PP) planteó una cuestión previa para que la denuncia retorne a la subcomisión, por considerar que esta debía de ampliarse, toda vez que Sánchez –dijo- habría incurrido en irregularidad al propiciar investigar a los parlamentarios que participaron en la reciente elección de miembros del TC. Su pedido fue aprobado.
Denuncias archivadas
Asimismo, la Comisión Permanente dispuso el archivamiento de una denuncia constitucional planteada por el congresista Posemoscrowte Chagua (UPP) contra el exparlamentario Luis Galarreta, por la modificación de la situación laboral de 17 trabajadores del Congreso, durante su gestión como titular del Parlamento.
Si bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronunció por la procedencia de este recurso, finalmente se votó en contra de que se elabore en dicha instancia un informe final acusatorio.
De otro lado, la Comisión Permanente aprobó el informe final referido a una denuncia constitucional contra el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, en el que se recomienda enviar al archivo dicho recurso.
Al exmagistrado se le atribuía la presunta comisión de delito de prevaricato y de falsificación de documentos en la resolución del TC referida al caso de los tenedores de los bonos de la deuda generada a partir de las medidas dadas durante la reforma agraria. Dos de ellos fueron los autores del recurso.
También se acordó enviar al archivo una denuncia constitucional contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, sobre supuesto delito contra la administración pública.
(FIN) FGM/CVC
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Publicado: 20/7/2021