Un operativo para ejecutar el desalojo de viviendas y establecimientos comerciales ubicados en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas, en el sector San Antonio de Torreblanca, en Carabayllo, generó hoy momentos de tensión entre vecinos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La diligencia se desarrolla a la altura del kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru, donde se desplegó un importante contingente policial desde las primeras horas de la mañana. En distintos puntos de la zona se restringió el tránsito peatonal y el acceso a calles próximas a mercados, centros educativos y comercios.
Durante el operativo se registraron enfrentamientos entre algunos vecinos y agentes policiales. En varios puntos fueron colocadas llantas y otros objetos que fueron incendiados, mientras los policías utilizaron arena y otros medios para controlar el fuego. También se reportó el lanzamiento de fuegos artificiales y la llegada de maquinaria pesada para apoyar la ejecución de la medida.
Algunos ocupantes retiraron muebles, maderas y otros enseres de sus viviendas y locales, mientras personal encargado de la diligencia avanzaba por las diferentes cuadras. La zona comprende viviendas de varios pisos, inmuebles en construcción y establecimientos comerciales.
Los vecinos sostienen que adquirieron los terrenos hace más de una década y que han realizado pagos por los predios. Asimismo, cuestionan la medida de desalojo y señalan que existen controversias sobre la propiedad del terreno.
Según versiones recogidas durante la cobertura, algunos residentes habrían comprado los lotes a terceros y posteriormente una inmobiliaria reclamó la propiedad.
La diligencia corresponde a una orden judicial y cuenta con la participación de representantes del Ministerio Público, mientras que la PNP brinda seguridad para garantizar su ejecución.
Debido a la extensión del área, los agentes fueron distribuidos en varios puntos y se observaron contingentes de la Policía en diferentes calles.
Los residentes también señalaron que algunos familiares permanecían dentro de las viviendas y que los controles policiales dificultaban el ingreso y salida de personas. Entre los vecinos mencionados durante la cobertura se encontraban menores de edad y adultos mayores.
Hasta el momento de la cobertura no se había informado oficialmente sobre personas heridas. La situación continuaba siendo monitoreada por la Policía y representantes del Ministerio Público mientras avanzaba la ejecución de la orden judicial.
(FIN) LIT
Publicado: 30/9/2026