El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca dictó nueve meses de prisión preventiva contra Marissela del Pilar Chávez Cisneros, trabajadora del Ministerio Público, quien es investigada por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en agravio del Estado.
La imputada laboraba como psicóloga en el Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en Cajamarca y habría solicitado 300 soles a la madre de un adolescente investigado a cambio de favorecer su incorporación a dicho programa, según informó la fiscalía a cargo del caso.
En la audiencia realizada el lunes 11 de mayo, la
magistrada Ida Rossel Walter Alva concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a la investigada con el presunto
hecho delictivo. Entre las evidencias figuran conversaciones vía WhatsApp, audios, registros telefónicos y depósitos efectuados a través del aplicativo Yape.
El Juzgado de Investigación Preparatoria consideró que la pena probable para la servidora del Ministerio Público supera los cinco años de prisión efectiva y que existen elementos que evidencian peligro de fuga, razón por la cual se dispuso la medida coercitiva por el plazo de nueve meses.
Durante la lectura de la resolución, la jueza Ida Walter exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunto acto de corrupción, resaltando la participación fundamental de la población para fortalecer la transparencia y la lucha contra este tipo de delitos.
En esa línea, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Marissela Chávez, investigada por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo; luego de solicitar presuntamente 300 soles a la madre de un adolescente infractor a cambio de favorecer su ingreso al referido programa.
Requerimiento de dinero
Alfredo Rebaza Vargas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, lamentó la situación que derivó en la detención de la trabajadora de su institución. “Los hechos están en investigación. La imputación señala que habría solicitado 300 soles para emitir una opinión favorable en beneficio de un adolescente infractor y así permitir su ingreso al programa”, señaló.
La madre del joven acudió a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía especializada para denunciar el caso. “De esta situación se rescata la independencia y la objetividad con la que actúan la Fiscalía Anticorrupción y la Policía especializada, incluso cuando el caso involucra a personal de la propia institución”, expresó Rebaza.
El mensaje es que la verdadera lucha contra la corrupción y el compromiso de las fiscalías especializadas es lograr sanción en estos casos. “Se ha coordinado con el jefe del despacho de familia donde venia laborando la psicóloga y con el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, a fin de revisar el trabajo que ha realizado e identificar si habría otras responsabilidades administrativas”, precisó el presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca.
Más en Andina: