El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, provincia de Celendín, Santos Alejandro Delgado Díaz, así como contra su gerente municipal, Edson Ronald Mendoza Domínguez, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
Durante la audiencia realizada el martes 31 de marzo el órgano jurisdiccional concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con la presunta solicitud de 200,000 soles al representante de una empresa contratista, a cambio de gestionar el pago de valorizaciones pendientes de una obra pública.
En la diligencia se evaluaron los elementos presentados por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, así como los argumentos de las partes procesales. Tras ello, la magistrada del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso la medida de prisión preventiva contra los funcionarios ediles.
La investigación fiscal señala que los hechos están relacionados con la ejecución de un proyecto en la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, donde los investigados, en su condición de funcionarios públicos, habrían condicionado el cumplimiento de obligaciones contractuales al pago indebido de dinero.
El juzgado consideró que la eventual pena a imponerse por este delito superaría los cinco años de privación de libertad y que existen riesgos procesales, como el peligro de fuga, lo que justifica la imposición de la medida coercitiva. En consecuencia, los funcionarios ediles fueron recluidos en el penal de Cajamarca.
Delito de corrupción
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, Alfredo Rebaza Vargas, afirmó que se trata de un delito de corrupción, específicamente cohecho, cuya investigación es competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Cajamarca, que atiende este tipo de casos en su sede principal.
Rebaza Vargas explicó que la intervención, en la que participó la Policía Especializada Anticorrupción, se realizó en la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, en la provincia de Celendín, tras la denuncia de un empresario por la presunta exigencia irregular de 200,000 soles, monto que correspondía a pagos pendientes a favor de su empresa.
La retención ilegal y sin sustento de ese dinero habría beneficiado al alcalde y a su gerente municipal, por lo que se efectuó la intervención el 25 de marzo, recabándose elementos en la propia municipalidad y procediéndose a la detención de las personas implicadas, afirmó el presidente de la Junta de Fiscales.
Por último, Rebaza incidió en que cualquier ciudadano que sea víctima de una exigencia ilegal, un acto de corrupción o de un requerimiento indebido puede denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca o la Policía Nacional. “Esta fiscalía cuenta con procedimientos especiales para recoger los hechos y desarrollar las investigaciones”, puntualizó.