Durante su participación en el 16° Encuentro Internacional de Minería, realizado en Lima, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, presentó una de las propuestas más ambiciosas del país para enfrentar la minería ilegal: la creación del Parque Minero Metalúrgico de Chaparra, un proyecto que busca ordenar, modernizar y formalizar la actividad minera artesanal, convirtiéndose en una experiencia piloto con potencial de replicarse en otras
regiones.
La autoridad regional participó en el panel “Impacto de las economías ilegales en los derechos humanos”, donde advirtió que la minería no legal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental o económico para convertirse en una amenaza directa contra la seguridad, la gobernabilidad democrática y los derechos fundamentales de miles de peruanos.
“Las regiones vamos a exigir decisiones firmes, porque el país ya no puede normalizar que territorios enteros queden bajo control de economías criminales. Ya no necesitamos más diagnósticos; necesitamos acciones concretas y resultados medibles”, afirmó el gobernador ante representantes de organismos internacionales, especialistas y líderes del sector minero.
Rohel Sánchez sostuvo que el próximo Gobierno Nacional deberá asumir una política de Estado integral contra la minería no legal, articulando inteligencia financiera, control territorial, fiscalización ambiental, lucha contra el lavado de activos y fortalecimiento de las capacidades operativas de las regiones. “El país debe decidir si enfrenta este problema con convicción o si continúa administrándolo políticamente”, remarcó.
Como parte de esa visión, destacó el avance del Parque Minero Metalúrgico de Chaparra, actualmente en etapa de perfil técnico. El proyecto permitirá que alrededor del 60 % de los más de 15 mil mineros artesanales de Chaparra, Ático y otras localidades de las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos procesen sus minerales en instalaciones formales, bajo estándares ambientales y técnicos adecuados, obteniendo además una compensación justa por la extracción de oro.
La iniciativa apunta a reducir los espacios donde operan redes vinculadas a la minería ilegal, promover la formalización de pequeños productores y generar una cadena productiva más transparente y competitiva. De concretarse, se convertiría en una de las experiencias más importantes del país para ordenar la minería artesanal y fortalecer la economía regional dentro de la legalidad.
El gobernador destacó que Arequipa ya viene mostrando resultados concretos en materia de formalización minera. Durante la actual gestión regional se logró la formalización de 223 concesiones mineras tituladas en provincias como Caravelí, Camaná, Castilla, Condesuyos, Caylloma y Arequipa. Asimismo, más de 1,330 mineros fueron capacitados en seguridad y salud ocupacional y normativa minera vigente, mientras que 3,213 ciudadanos participaron en programas de fortalecimiento de capacidades vinculados a energía y recursos naturales.
El panel fue moderado por Jessica Vásquez, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE, y contó con la participación de Marcelina Angulo, defensora de derechos humanos y representante del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Pintuyacu, Chambira y Alto Nanay; Jane Antilla, jefa de la Misión Técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos.
La participación de Arequipa en este encuentro internacional reafirma el liderazgo de la región en la búsqueda de soluciones concretas frente a uno de los mayores desafíos que enfrenta el país: combatir la minería no legal
promoviendo al mismo tiempo desarrollo económico, inclusión productiva y respeto al Estado de derecho.
(FIN) NDP/LZD