14:16 | Arequipa, dic. 19.
El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa consiguió que se imponga seis años de cárcel para el alcalde Omar Candia Aguilar e inhabilitación por tres años, como autor del delito contra la administración pública, colusión agravada por la adquisición de 40 cámaras de seguridad para la municipalidad de Alto Selva Alegre.
Asimismo, fueron sentenciados el funcionario Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo y en calidad de cómplice el empresario José Luís Ríos Sánchez (representante legal de las empresas Soluciones del Perú S.A y Andina Technology Partners INC, que conformaron el Consorcio Soluciones – Andina), imponiendo a cada uno seis años de pena privativa de la libertad.
En el caso del exfuncionario Juan Jesús Lipe Lizárraga y el ingeniero Sandro Constantino Martínez Sardón, por colusión simple se ordenó tres años suspendida en su ejecución por el mismo plazo sujeto a reglas de conducta. Del mismo modo, se los inhabilitó por el plazo de tres años a ocupar cargo de carácter público.
El fiscal provincial Rubén Núñez Soto sustentó en juicio oral los indicios probatorios y la imputación que fueron aceptados por el juez unipersonal para casos de corrupción de funcionarios, Edy Leva Cascamayta, quien realizó la lectura del adelanto de fallo.
El magistrado logró probar que el alcalde es autor del delito de colusión agravada, porque permitió que se haga el pago sin que el sistema de cámaras esté en funcionamiento al 100 por ciento, que se firme el contrato sin cumplir con la presentación de la carta de fianza y dejó de actuar intencionalmente frente a las comunicaciones de Seal y Osinerming.
“La lógica señala que solo hizo eso porque ya tenía un acuerdo colusorio con la empresa”, refirió el juez durante la audiencia.
Durante el juicio, el fiscal provincial Rubén Núñez Soto sostuvo que los peritajes, la auditoría, los testigos presentados, concluyen que el alcalde Candia Aguilar y los exfuncionarios habrían concertado ilegalmente con José Luis Ríos Sánchez, realizando un fraude al Estado, tanto en la contratación y elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del distrito del Alto Selva Alegre”, como en el proceso de selección, contratación y la ejecución del mismo.
En el caso de los exfuncionarios e integrantes del Comité Especial de Selección, Juan Jesús Lipe Lizárraga y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo, el Ministerio Público sostuvo que favorecieron al contratista, porque tampoco atendieron las observaciones del OSCE, aprobaron ilegalmente variar las condiciones del contrato, respecto a pagos sin la justificación debida, el cambio del sistema que generó un perjuicio económico.
Por su parte, Sandro Constantino Martínez Sardón, firmó el contrato como consultor para el proyecto, sin estar habilitado como ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, entre otras irregularidades.
El fiscal provincial informó que en este caso se habría generado un perjuicio económico de 2 millones 100,010 soles y una deuda de 36, 929 soles, debido al uso de infraestructura sin autorización.
Los sentenciados, en forma solidaria, deberán pagar una reparación civil de 36, 929 soles por daño emergente y 63,000 soles por perjuicio institucional a la Municipalidad de Alto Selva Alegre.
La lectura integral de la sentencia fue programada para el jueves 30 de diciembre de 2021.
(FIN) NDP/JCB/TMC
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Publicado: 19/12/2021