La empresa minera Antamina firmó un nuevo contrato de estabilidad para respaldar la expansión de sus operaciones, mientras que otros cinco acuerdos de este tipo se encuentran en trámite y podrían concretarse antes de finalizar el año, informó Luis Carlos Rodrigo, socio decano del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.
Durante su exposición en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el abogado señaló que la expansión de Antamina permitirá extender por un periodo prolongado la vida útil de sus operaciones.
“Hoy, me es grato anunciarles que se ha firmado el nuevo contrato de estabilidad de Antamina porque está haciendo una expansión importante, va a hacer que su vida útil se extienda por mucho tiempo, y eso va de la mano con otros cinco contratos de estabilidad que ya están siendo procesados y que esperemos se hayan firmado antes de fin de año”, manifestó.
Rodrigo explicó que estos instrumentos contribuyen a brindar previsibilidad a las inversiones mineras, especialmente en proyectos que requieren importantes desembolsos de capital y plazos prolongados de ejecución.
“Los contratos de estabilidad no dan beneficios tributarios, dan seguridad jurídica, dan predictibilidad, y eso lo buscan los inversionistas”, sostuvo.
Precisó que estos acuerdos permiten mantener determinadas condiciones administrativas, tributarias y cambiarias durante el periodo establecido contractualmente.
Concesiones e inversión minera
Durante su exposición, titulada “Aportes del derecho al desarrollo de la minería en el Perú”, Rodrigo advirtió sobre los cuestionamientos al sistema de concesiones mineras y la posibilidad de reducir de 30 a 15 años el plazo vinculado a la caducidad de concesiones sin actividad.
Al respecto, consideró que ese periodo sería insuficiente para desarrollar y poner en operación un proyecto minero, debido a los tiempos que demandan los procedimientos regulatorios y los desafíos sociales y políticos.
“Entre las demoras regulatorias, entre los problemas sociales, entre los problemas políticos, es absolutamente imposible que eso ocurra”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el país debe preservar los elementos centrales de su marco jurídico minero, aunque reconoció que existen aspectos susceptibles de mejora.
“Las concesiones, las obligaciones y deberes como concesionario, los contratos de estabilidad, son cosas que no podemos permitir que cambien”, señaló.
El abogado recordó que las reformas normativas de 1900, 1950 y la década de 1990 acompañaron distintas etapas de expansión de la inversión minera en el Perú. Según explicó, la seguridad de los derechos mineros y la evolución de las estructuras contractuales contribuyeron a facilitar la exploración, el financiamiento y el desarrollo de grandes operaciones.
Permisos y plazos
Otro de los desafíos que identificó fue la cantidad y superposición de autorizaciones que debe gestionar un proyecto minero antes de iniciar sus operaciones.
Según Rodrigo, un proyecto de gran envergadura puede enfrentar alrededor de 400 permisos, autorizaciones y licencias, cuyos procedimientos no siempre siguen una secuencia clara.
“Nadie pretende que se relajen los estándares, ni que se reduzcan las obligaciones en sí mismas, sino que haya claridad”, enfatizó.
El especialista explicó que la dependencia entre autorizaciones puede generar demoras cuando la obtención de un permiso requiere previamente otro que también se encuentra sujeto a trámites.
A su juicio, ordenar estos procedimientos permitiría acortar el tiempo entre los estudios de factibilidad y el inicio de la producción, sin reducir las exigencias ambientales ni las demás obligaciones aplicables a la actividad minera.
“Si eso se corrige y reduce los tiempos para obtener del estudio de factibilidad a la producción, realmente tenemos un [potencial de crecimiento de la inversión] en el Perú”, indicó, al referirse a las oportunidades para desarrollar la cartera de proyectos cupríferos del país.
Publicado: 23/10/2026