El ex alcalde del Callao, Alex Kouri, ha demando por daños y perjuicios al Estado y a dos jueces supremos que lo sentenciaron a cinco años de prisión efectiva por el delito de corrupción en el marco del denominado caso Convial Callao.
La acción civil fue presentada contra los jueces supremos José Neyra Flores e Iván Sequeiros Vargas ante la Corte Superior de Justicia de Lima, informó el Poder Judicial.
Kouri Bumachar pretende una indemnización por daños y perjuicios, y daño moral, por un monto de S/ 50 millones más los intereses legales, costas y costos procesales que los demandados deberán pagar a su favor de manera solidaria con el Estado.
El Poder Judicial calificó la pretensión de Kouri como “singular e increíble”.
El magistrado Sequeiros Vargas integró la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima que, el 30 de junio del 2016, declaró infundada una excepción de prescripción presentada por el exalcalde.
En tanto el juez Neyra Flores conformó la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, el 6 de julio del 2017, por mayoría, declaró “no haber nulidad” de la sentencia de primera instancia.
A ambos, Kouri les atribuye haber dictado sentencia condenatoria “con inobservancia de sus deberes funcionales al incurrir en ‘culpa inexcusable’, por estar sustentada en grave error de derecho e interpretación insustentable de la ley”.
Kouri cumple condena en el penal de Ancón II por haber concertado, en 1999, con representantes de Convial Callao S.A. para defraudar a la Municipalidad del Callao en la ejecución del Proyecto Vía Expresa del Callao.
De acuerdo con la sentencia, Kouri Bumachar convocó a concurso público el referido proyecto el 21 de junio de 1999, designando como miembros de los comités de Propuestas y Concesiones, respectivamente, a sus allegados, amistades y personal de confianza (entre ellos a quien luego sería su suegro), orientándoles para favorecer a la empresa en cuestión.
La Contraloría estableció que Convial Callao S.A., sobrevaluó el tramo A de la referida obra por más de US$ 8 millones, con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido en perjuicio del Estado.
(FIN) NDP/CCR
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Publicado: 13/5/2018