El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que, frente a lo señalado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno busca defender la actuación que durante las protestas tuvieron las fuerzas del orden, pero también aspira a llegar a la verdad para, a partir de ella, “encontrar un camino de reconciliación” para el país.
“Vamos a trabajar incansablemente por alcanzar la reconciliación nacional, que es lo que todo el Perú viene pidiendo en estos momentos tan difíciles para la patria”, manifestó Otárola.
Asimismo, expreso el respaldo del gobierno hacia la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Estas "han actuado en un contexto del estado de emergencia", guiándose por los reglamentos establecidos respecto al uso disuasivo de la fuerza, apuntó.
Consideró, en tal sentido, que las muertes ocurridas en el contexto de las protestas son materia de investigación por parte del Ministerio Público. Esta “tiene que ser individual porque las responsabilidades son individuales”, manifestó.
“No podría adelantar opinión sobre una investigación fiscal que es reservada, y que lo será hasta que se avance en las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, dijo Otárola.
Implementación de recomendaciones
Asimismo, el titular del gabinete señaló que varias de las recomendaciones incluidas en el informe de la CIDH han sido implementadas, pero aquellas que aun no lo son, se concretarán paulatinamente en los plazos establecidos por ese mismo organismo supranacional, que son de cada 60 días.
Refirió que el citado documento tiene 36 recomendaciones que alcanzan a diversos estamentos del Estado Peruano. Precisó también que se trata de “un informe temático y no de una sentencia”, pues estas últimas solo las emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Corresponde al Estado Peruano analizar estas recomendaciones y ver su pertinencia”, manifestó, para luego señalar que el emitido por la CIDH “es un informe interesante pero un poco extraño”, pues hace menciones a aspectos propios de la economía y la autonomía institucional del país.
“Lo que no se puede aceptar es una práctica injerencista en los organismos autónomos”, indicó al respecto. Señaló también que, en el caso de los miembros de las fuerzas del orden fallecidos, hay en el informe “un deficiente análisis”, y que en el caso del oficial de la Policía asesinado en Puno, solo se dedican 10 líneas.
(FIN) FGM/JCC
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