Hugo Manfredo y Humberto Murrugarra no solo comparten la prisión sino frustración al considerar que la justicia no ha llegado a ellos. No fingen inocencia. Ambos se saben culpables, pero consideran que su pena es excesiva. Por ello exigen justicia, pero tienen un problema: ambos carecen de recursos para contratar un abogado.
Pero ellos no son los únicos. Por esta razón el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) suscribieron un acuerdo interinstitucional para brindar a los reclusos asesorías legales gratuitas. El
penal de Lurigancho, al este de Lima, fue el primero en ser escogido.
Carlos Romero, presidente del INPE, agradeció la presencia de los hombres de leyes en el recinto penitenciario. “Han venido 23 defensores legales a brindar asesoría legal gratuita. Hemos seleccionado a 15 internos por cada uno de los 21 pabellones que tiene el penal, es decir, se está beneficiando a 315”.
En diálogo con Andina, Romero recordó las cifras de la sobrepoblación de los penales. “En el país tenemos 93 mil 600 personas privadas de su libertad en los 69 establecimientos penitenciarios, cuando la capacidad oficial de albergue es de 39 mil 300, es decir hay un 140% de sobrepoblación".
De ese total, el 61% ya tienen una condena y un 39% en calidad de procesados. En el
penal de Lurigancho hay 10 mil 730 internos, cuando su capacidad es de 3 mil 200. "Claramente hay una sobrepoblación crítica, por eso valoramos la presencia de los abogados", subrayó.
La decana del CAL, María Elena Portocarrero Zamora, manifestó que esta campaña se replicará en el penal de Ancón y, sucesivamente, en el marco del convenio que se ha firmado con el INPE, a otras cárceles. "Estamos conversando para que el piloto se realice en todo el país”.
Si bien es cierto que los que están en la cárcel son personas que por uno u otro motivo han quebrado la ley, también es cierto que merecen una condena justa, acorde con el delito cometido. Hugo Manfredo estuvo involucrado en un accidente de tránsito donde falleció una persona.
“Efectivamente tuve un accidente de tránsito, pero por falta de abogados creo que se me ha dado una sentencia exagerada. He requerido de una asesoría legal para presentar mi caso ante los jueces. Por ello agradezco al INPE y al CAL por darme la oportunidad de defenderme”.
Murrugarra, en tanto, fue protagonista de un altercado familiar y también considera que su sentencia es injusta. “Estoy aquí por maltratos sicológico y violencia familiar", dijo, y añadió: "Chiquito Flores hizo peores cosas que yo y solo le dan como sentencia trabajos comunitarios; a mí me dieron cinco años, me parece absurdo y desproporcionado, por ello, requiero una asesoría legal para poder exponer mi caso”.