La implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el cual permite juzgamientos inmediatos y eficaces, es una forma efectiva de luchar contra la inseguridad ciudadana, porque su aplicación evita la impunidad y la prescripción de los delitos que conciernen especialmente a actos delincuenciales.
Así lo señaló el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, al resaltar que con el NCPP, que opera en 28 de las 33 cortes de justicia del país, ahora los procesos judiciales duran 13 meses en promedio, a diferencia de los los cuatro años que tardan con el antiguo procedimiento penal.
Las declaraciones del titular del Poder Judicial fueron brindadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso para sustentar, junto con otras autoridades del sistema de justicia, el trabajo que realiza su gestión para combatir el flagelo de la delincuencia.
Con el afán de lograr ese objetivo nacional, Rodríguez Tineo destacó también que su gestión promueve la modernización del sistema de justicia con la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas, el Sistema de Remate Judicial Electrónico, el Embargo Electrónico y Control Biométrico de Procesados y desarrolla la implementación del Expediente Judicial Electrónico.
Puntualizó que la aplicación de estas tecnologías, además del ahorro de dinero del erario público, permite mayor visibilidad de los procesos, simplificación administrativa y empoderamiento al usuario de los servicios judiciales, contribuyendo a la transparencia de los procesos y la reducción de la microcorrupción.
Dijo que el Poder Judicial enfoca también la lucha contra la inseguridad atacando los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos, mediante la implementación del Servicio de Orientación al Adolescente (SOAS), una iniciativa que busca que los adolescentes en conflicto con la ley no retornen al mundo de la delincuencia.
Sanciones
De otro lado, Rodríguez Tineo informó que, en la lucha contra la corrupción, en los últimos seis años el Poder Judicial condenó a 560, entre funcionarios y servidores del Estado, por este delito.
Señaló asimismo que el año pasado 1.029 magistrados y 2.832 auxiliares fueron sancionados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que es el órgano disciplinario del Poder Judicial.
(FIN) NDP/ART
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Publicado: 6/6/2017