Aduviri Calisaya, quien entonces se desempeñaba como presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la zona Sur de Puno, fue considerado como “coautor no ejecutivo” de estos disturbios que alteraron el orden social y provocaron daños a la propiedad pública.
El Poder Judicial argumentó que Aduviri ostentaba el dominio de voluntad en las protestas sociales, llegando a un punto crítico el 26 de mayo del 2011 con la quema y saqueo de los depósitos de Aduanas, la sede de Gobernación y las oficinas de Contraloría en Puno.
La sentencia obliga a la autoridad regional a pagar 2 millones de soles como reparación civil a favor del Estado. Cabe indicar que el Ministerio Público había solicitado que se imponga contra Aduviri la condena de siete años y el pago de 5 millones de reparación civil a favor del Estado.
La decisión judicial dispone la inmediata captura y reclusión del gobernador regional, en un establecimiento carcelario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Asimismo, dispuso la notificación al Consejo Regional de Puno para que el gobernador sea suspendido en sus funciones.
Aduviri Calisaya se encuentra desde hace varios días con paradero desconocido, por lo que no asistió a la lectura de
sentencia en su contra.
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