Mediante distintos comunicados, las universidades públicas y privadas del Perú expresaron su rechazo al dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República, que establece el denominado “ciclo cero” como única modalidad de ingreso a todas las universidades del país.
La iniciativa legislativa propone que tanto universidades públicas como privadas implementen un semestre académico preparatorio obligatorio —bajo el nombre de “ciclo cero”— que se dictaría a través de los centros preuniversitarios de cada institución, con un pago único equivalente al 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), es decir, alrededor de 42,90 soles mensuales por estudiante.
El Consorcio de Universidades, que agrupa a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, calificó la medida como una “grave afectación a la autonomía universitaria”, protegida en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú y en la Ley Universitaria.
“El dictamen vulnera la facultad que tiene cada universidad para definir sus modalidades de admisión, criterios de selección y planes de estudio, de acuerdo con sus realidades institucionales y en búsqueda de la excelencia académica”, señaló el colectivo en un comunicado.
Además, remarcaron que defender la autonomía universitaria no es un privilegio, sino una garantía para ofrecer educación de calidad, plural y alineada al desarrollo del país. En ese sentido, reiteraron su disposición al diálogo con los poderes del Estado “para contribuir desde la experiencia académica y técnica a la mejora del sistema universitario”.
Por su parte, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) expresó su “total desacuerdo” con el dictamen, al que calificó como inviable tanto en términos financieros como operativos, y alertó que se trata de una iniciativa inconstitucional.
Según el gremio de universidades públicas, imponer un único modelo de ingreso sin respaldo presupuestal implica trasladar responsabilidades del Estado a las casas de estudio, vulnerando el artículo 18 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que prohíbe interferencias políticas en la gestión universitaria.
“El monto propuesto, equivalente a 42,90 soles mensuales por estudiante, no cubre ni los costos mínimos de docentes ni servicios esenciales. Pretender que con ese pago las universidades nacionales solventen la totalidad del ciclo cero es completamente desproporcionado”, advirtió la AUNAP.
La asociación agregó que esta medida pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las universidades públicas y debilita los centros de producción que aseguran su funcionamiento académico y administrativo.
Finalmente, la AUNAP exhortó al Congreso a actuar con responsabilidad jurídica y constitucional, y a formular propuestas legislativas que no vulneren principios fundamentales ni perjudiquen a las universidades públicas y sus estudiantes.
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(FIN) RRC