La ampliación, hasta el 6 de marzo próximo, del plazo para recibir aportes al proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos al territorio peruano, permitirá continuar con las reuniones informativas y seguir promoviendo la participación de la ciudadanía, las organizaciones y comunidades directamente involucradas en este tema.
Así lo sostuvo José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente (Minam), al comentar la promulgación de la Resolución Ministerial N° 039-2021-MINAM, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, sobre la citada ampliación del plazo.
El funcionario explicó que el 6 de enero pasado, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 31111, que amplía el plazo de la moratoria al ingreso y producción de transgénicos u Organismos Vivos Modificados (OVM) por 15 años más.
Indicó que dicha ley dispone que el Ministerio del Ambiente, bajo responsabilidad, tiene 60 días calendario para presentar un plan calendarizado para el cumplimiento de esa norma y adecuar su Reglamento y demás normas conexas al nuevo plazo que vence el 7 de marzo.
Aseveró que los plazos para aprobar el Reglamento fueron establecidos por el Congreso de la República, razón por la cual -afirmó- se están desarrollando los esfuerzos necesarios para cumplir con la adecuación del citado reglamento.
“El plazo adicional será empleado para continuar con las reuniones informativas, a través de plataformas virtuales con los diversos actores involucrados, a fin de continuar promoviendo la participación y recibiendo comentarios de la ciudadanía y de las organizaciones y comunidades directamente involucradas en la implementación de la Ley de Moratoria”, manifestó en entrevista con la Agencia de Noticias Andina.
Remarcó que el Minam ha elaborado un cronograma que culminará el 6 de marzo de 2021, que incluye la presentación y revisión de la propuesta normativa por parte de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA), donde se encuentra representada la sociedad civil.
En tal sentido, dijo que se convocarán a reuniones informativas a los diversos gremios de pequeños productores y agricultores familiares, así como organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la conservación de la agrobiodiversidad de diferentes regiones del país, entre otras.
Alrededor de 150 comentarios y aportes
Álvarez Alonso refirió que, durante el proceso, se recibieron alrededor de 150 comentarios y aportes que vienen enriqueciendo la propuesta de Reglamento. Asimismo, dijo que el Minam viene participando en eventos de difusión propiciados por diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
“Con esta ampliación de plazo de consulta pública, se espera recibir, al menos, el doble de la cantidad de aportes. Para ello, estamos programando reuniones con diversos gremios y organizaciones de la sociedad civil, que han manifestado su preocupación e interés, mediante cartas y comunicados, para realizar los aportes correspondientes”, mencionó.
Sobre los aportes recibidos, detalló que se trata de aportes de investigadores de dos universidades (Universidad Científica del Sur y Universidad Nacional Agraria La Molina), así como de un investigador de Costa Rica, tres entidades públicas, gremios de entidades privadas y ciudadanos interesados en esta temática.
“Asimismo, a la fecha, se han realizado 7 reuniones bilaterales con las entidades encargadas de la implementación, 2 reuniones con la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA), donde se encuentra representada la sociedad civil, y 2 reuniones informativas a través de canales virtuales”, puntualizó.
Afirmó que la propuesta normativa se puso en consulta pública por 10 días hábiles, al amparo de los plazos establecidos en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Paralelamente a esta consulta, se efectuaron 2 reuniones informativas vía virtual.
Mejoras en la normativa
El funcionario del Minam argumentó que en la propuesta de adecuación se precisan algunos aspectos que “en los nueve años de implementación de la Ley de Moratoria hemos comprobado que se pueden mejorar para hacer los procedimientos más eficaces y transparentes, y así garantizar el cumplimiento de la finalidad de la ley”.
Explicó que, por ejemplo, se están incorporando las modificaciones al Reglamento que ya fueron establecidas por los Decretos Supremos N° 010-2014-MINAM y N° 006-2016-MINAM, que aprueban los procedimientos para el control de ingreso de OVM al territorio nacional, y el plan de vigilancia y alerta temprana, entre otros, que ya han venido implementándose en estos años.
También se adecúan temas relativos a la acreditación y designación de laboratorios para análisis de OVM, a la investigación en espacios confinados (una de las excepciones de la ley), al monitoreo y actualización de las líneas de base de los cultivos y crianzas potencialmente afectados por OVM y al fomento de la investigación científica en bioseguridad, entre otros.
Importancia del reglamento
Álvarez Alonso sostuvo que el Perú es uno de los países con mayor diversidad en el mundo que, además de constituir un patrimonio invalorable, tiene la obligación de proteger y utilizar de forma sostenible.
“Es uno de sus principales activos para el desarrollo. Por ello, la finalidad de la Ley de Moratoria, en su artículo 2, es clara: fortalecer las capacidades, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de una potencial futura liberación al ambiente de OVM. Es decir, desarrollar e implementar un sistema de bioseguridad para analizar, caso por caso y con base en evidencia, los potenciales riesgos asociados con el uso de esta tecnología, a fin de tomar decisiones pertinentes con el objetivo de salvaguardar la biodiversidad”, apuntó.
Agregó que el Perú se caracteriza por la producción de cultivos de alto valor agregado (de exportación, orgánicos y ecológicos) y con mercados selectivos donde los OVM no representarían una ventaja. Por lo que se hace perentorio determinar no sólo dónde están las mayores concentraciones de variedades y razas de los cultivos nativos que tengan variedades OVM en el mercado, sino también dónde se cultivan productos de alto valor agregado que podrían verse afectados por la liberación (intencional o no intencional) de OVM al ambiente.
Consultado sobre qué otros aspectos normativos se requerirían para abordar por completo este tema, el funcionario del Minam respondió que la Ley de Moratoria es una medida temporal para ciertas aplicaciones de esta tecnología.
“Se excluye los controles de otros OVM que están permitidos de ingresar al país (como granos para alimentación humana y animal) y que podrían ser liberados al ambiente, como hemos detectado durante estos años”, expresó.
Nueva Ley de Bioseguridad
Aseveró que, para ello, el Minam está trabajando en una nueva Ley de Bioseguridad que regule y garantice el uso seguro de los OVM, y también de cualquier nueva tecnología que podría presentar riesgos para el ambiente, la diversidad biológica y la salud humana, amparados en el principio precautorio.
“Asimismo, consideramos que al enfocarnos únicamente en los OVM estamos descuidando otros factores que tienen una mayor incidencia sobre la pérdida de la biodiversidad del país. Creemos que la rica agrobiodiversidad peruana, atesorada por miles de familias conservacionistas a lo largo de generaciones, está amenazada por otros factores como la competencia con cultivos más comerciales, el abandono del campo, el envejecimiento de las familias campesinas, la falta de acceso a mercados, y la dificultad de sacar sus productos de sus chacras, entre otros. Estamos cargando el costo de la conservación de la agrobiodiversidad a quienes menos tienen. Por ello, estamos trabajando en diseñar y establecer normativas y programas que creen incentivos para que estos procesos se reviertan”, apostilló.
“En el mundo se ha perdido ya más del 75% de los cultivos tradicionales, según la FAO; y aunque en el Perú felizmente conservamos casi la totalidad de nuestro patrimonio genético, los riesgos avanzan y, si no se toman medidas adecuadas, pueden producirse escenarios similares. Desde el Minam estamos impulsando pilotos para que las familias conservacionistas tengan incentivos para cultivar variedades o razas de cultivos en riesgo (de quinua, papa, maíz, kiwicha, etc.), que han tenido gran acogida. Estamos impulsando que esto se convierta en una política pública”, concluyó.