La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), aprobó con nueve votos a favor, tres en contra y cero abstenciones el dictamen, con texto sustitutorio, que propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
La iniciativa, recaída en la
Proposición Legislativa 00011-2026-2031-S, establece reglas para la selección de candidatos aptos y la posterior elección de los magistrados por el
Senado, con criterios de transparencia, imparcialidad, integridad y mérito.
Uno de los principales cambios del texto aprobado es la distribución de la evaluación, hasta 70 puntos para los méritos curriculares y 30 para la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular serán descalificados. Esta modificación, planteada por el senador Roger Astucuri Laura (Partido Cívico Obras), reemplazó la fórmula inicial de 60 y 40 puntos, respectivamente.
El texto también establece que la presentación de información falsa puede dar lugar a la exclusión del candidato en cualquier etapa del procedimiento e incorpora la obligación de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.
Antes de la votación, Mesía Ramírez dio a conocer los aportes incorporados al texto sustitutorio y las precisiones realizadas para asegurar la coherencia de sus disposiciones.
Entre ellas, se establece que los grados académicos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Asimismo, las candidaturas podrán presentarse de manera presencial o virtual.
Aportes incorporados y debate
Por Fuerza Popular, las senadoras Martha Chávez Cossío y Patricia Juárez Gallegos destacaron la importancia de la entrevista personal para complementar la evaluación de los títulos y grados académicos y conocer directamente la capacidad y el criterio de los postulantes.
A propuesta de Chávez Cossío, se eliminó el artículo cuarto del texto inicial, referido a la naturaleza y fuerza normativa del reglamento especial.
Asimismo, se recogieron las observaciones de Juárez Gallegos para precisar la redacción sobre los puntajes mínimos. Se sustituyó la palabra «supere» por «alcance», se eliminó la expresión «el umbral de» y se corrigieron referencias entre artículos para evitar interpretaciones contradictorias.
Por Juntos por el Perú, los senadores Hugo Ccahuana Aymachoque, Humberto Morales Ramírez, Víctor Cutipa Ccama e Iber Maraví Olarte plantearon dar mayor peso a los méritos acreditados y reducir la discrecionalidad en las entrevistas personales.
Ccahuana Aymachoque propuso una ponderación de 85 % para la evaluación curricular y 15 % para la entrevista. También solicitó incorporar impedimentos por sanciones graves en colegios profesionales y en la docencia universitaria, así como reconocer estudios de posgrado concluidos.
Morales Ramírez pidió mayores controles patrimoniales, calificaciones de entrevista debidamente motivadas y mecanismos para verificar la originalidad de las publicaciones. Su propuesta de exigir una declaración jurada de no afiliación política vigente, presentada también por Susana Matute Charún, fue incorporada al texto sustitutorio.
Cutipa Ccama respaldó una mayor publicidad del proceso y propuso reducir a quince puntos la entrevista, trasladando la diferencia a la evaluación curricular. Además, cuestionó la asignación de puntaje al bachillerato en Derecho. Maraví Olarte también solicitó reducir el peso de la entrevista y sostuvo que deben prevalecer los méritos profesionales para fortalecer la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional.
Por Ahora Nación, la senadora Ruth Luque Ibarra propuso reforzar la independencia, integridad y transparencia del procedimiento. Se incorporaron sus aportes para incluir el principio de integridad y precisar que la exclusión por presentación de información falsa puede producirse en cualquier etapa del proceso.
Durante su intervención, también planteó declaraciones de intereses más completas, verificación de grados y publicaciones, criterios públicos para calificar las entrevistas y plazos razonables para el examen ciudadano de las candidaturas.
Por Renovación Popular, la senadora Lourdes Alcorta Suero destacó que la experiencia y la capacidad de los candidatos deben valorarse junto con sus títulos académicos. Consideró necesario mantener exigencias rigurosas y viables, y recoger los aportes que contribuyan a mejorar el procedimiento.
Finalmente, por el Partido del Buen Gobierno, la senadora Susana Matute Charún formuló propuestas para acreditar títulos y publicaciones jurídicas. Además de la declaración jurada de no afiliación política vigente, propuesta junto con Morales Ramírez, Matute Charún planteó durante el debate elevar el puntaje mínimo para ser considerado apto.
Antes de someter el texto sustitutorio a votación, también se corrigió una referencia que consignaba 40 puntos para la entrevista personal, a fin de establecer el máximo de 30 puntos, conforme a la modificación incorporada.
(FIN) NDP/DAA/JCC
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Publicado: 23/10/2026