La anulación de la condena impuesta a una empresa por lavado de activos y la decisión de someterla a un nuevo juicio plantean interrogantes sobre los requisitos legales para atribuir responsabilidad a una persona jurídica en el Perú. Aunque se mantienen las condenas por lavado de activos contra las personas naturales involucradas, el nuevo proceso deberá determinar la responsabilidad de la compañía bajo los criterios que correspondan al régimen legal aplicable.
El abogado penalista José Matos, explicó que uno de los principales puntos de análisis será identificar qué hechos y elementos jurídicos permiten vincular a la empresa con las actividades ilícitas y sustentar una eventual sanción. La acreditación del delito cometido por una persona natural no resuelve, por sí sola, la responsabilidad de la persona jurídica, pues esta requiere un examen propio conforme a las normas aplicables.
¿Qué deberá acreditarse en el nuevo juicio?
Uno de los aspectos centrales será determinar si se cumplen los presupuestos legales para atribuir responsabilidad a la empresa. Para ello, será necesario examinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, la relación de estos con la actividad de la compañía y los demás elementos que exija el régimen jurídico correspondiente.
En este análisis también puede resultar relevante la actuación de los órganos de dirección, los mecanismos de supervisión y los controles internos existentes al momento de los hechos. Sin embargo, su alcance dependerá de las imputaciones formuladas y de las disposiciones legales aplicables al caso.
¿Puede una empresa responder por los actos de sus directivos o trabajadores?
La responsabilidad de una persona jurídica no debe confundirse automáticamente con la responsabilidad individual de sus representantes o trabajadores. El análisis requiere establecer si la conducta investigada reúne los presupuestos que permiten atribuir consecuencias jurídicas a la organización.
En ese sentido, el nuevo juicio permitirá examinar la imputación formulada contra la compañía y los elementos que la Fiscalía presente para sustentarla. La decisión judicial deberá respetar las garantías del debido proceso y evaluar los argumentos de las partes.
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(FIN) NDP/VLA
Publicado: 16/10/2026