El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó la Semana del Conocimiento de la División de Agua y Saneamiento, donde participó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) compartiendo la experiencia peruana.
Ello a fin de conocer las políticas públicas, normativas y prácticas regulatorias en relación con los servicios de agua y saneamiento de los países de América Latina y el Caribe para enfrentar la emergencia por la COVID-19,
El presidente ejecutivo de la Sunass, Iván Lucich, expuso las acciones regulatorias desarrolladas en el Perú durante el estado de emergencia, coincidiendo con los otros países de la región, en tener como eje central de las medidas regulatorias la protección del usuario y la sostenibilidad de las empresas prestadoras para no afectar la continuidad del servicio.
Iván Lucich comentó que, en el Perú, se dispuso de medidas como la suspensión del cierre de los servicios por falta de pago, el fraccionamiento de los recibos de los usuarios hasta en 24 meses y la implementación de canales remotos para que los procedimientos de reclamos sean virtuales.
Facturación
Asimismo, refirió que, durante el aislamiento social obligatorio, las empresas prestadoras no podían realizar las lecturas de medidores y esto les ocasionó problemas para emitir la facturación.
“Para revertir esto, dispusimos del prorrateo de volumen consumido en periodo de emergencia, así como la ampliación del plazo para emitir facturación pendiente entre otras medidas adicionales”, dijo.
Por otro lado, manifestó que debido a los bajos niveles de recaudación de los recibos facturados y al surgimiento de costos adicionales para atender a los hogares sin acceso, el Gobierno dispuso la utilización de fondos de inversiones y reservas para financiar operación y mantenimiento.
Ello a través del Decreto de Urgencia N° 036-2020, estando la Sunass a cargo del seguimiento del uso de estos fondos.
Región
Por su parte, el presidente de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (Aderasa), Óscar Pintos, presentó un análisis integrado de las experiencias de las instituciones reguladoras de la región.
Además, destacó que la mayoría tuvo en común aplicar diversas medidas de orden económico, como la suspensión de incrementos tarifarios, la suspensión del corte de servicio por falta de pago, subsidio adicional al usuario, refinanciación de deudas, entre otras.
La mayoría de los reguladores de la región coincidieron en que uno de los mayores retos será mantener el curso de las inversiones y continuar cerrando la brecha para que más personas accedan al agua potable y alcantarillado, teniendo en cuenta que la recaudación de los prestadores se redujo de un 20% a 40%.
En el Perú, específicamente, la recaudación de las empresas prestadoras bajó en un 50 % durante los dos primeros meses de emergencia sanitaria.
Asimismo, coincidieron en que las inversiones no solo deben ser en infraestructura gris sino también en infraestructura natural con el fin de tener mayor eficiencia y asegurar la provisión del recurso hídrico.
“Es importante recuperar la capacidad de inversión de los operadores y articularla a la inversión en megaproyectos de los gobiernos regionales, y por supuesto lograr mayor eficiencia en la gestión de los recursos hídricos a través de la inversión en infraestructura natural”, sostuvo Iván Lucich.
La participación de la Sunass en el bloque que abordó el rol de la regulación durante la pandemia, los desafíos enfrentados, las lecciones aprendidas y cómo debe evolucionar la regulación en la nueva normalidad.
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(FIN) NDP/RGP
Publicado: 20/11/2020