La reforma de la calidad regulatoria en el Perú está generando un ahorro de 361 millones de soles en cargas administrativas para ciudadanos y empresas, señaló hoy el experto en gestión y políticas públicas, Juan Carlos Rivero, durante el Seminario Perú Debate 2026: Propuestas hacia un mejor gobierno, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).
“Recientemente, en el 2023, se emitió el decreto legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria que, de alguna manera, ordena todos los instrumentos en una sola norma y le da más fuerza a la Presidencia del Consejo de Ministros para avanzar en esta reforma que ya viene generando resultados positivos”, sostuvo.
“Por ejemplo, está generando ahorros a través de la reducción de cargas administrativas para los ciudadanos, estimado en aproximadamente 361 millones de soles y también viene capacitando a los servidores públicos para poder implementar distintos instrumentos que conlleven a la mejora de las regulaciones”, agregó.
Juan Carlos Rivero explicó que la regulación contempla las normas o reglas de juego que definen la actuación entre las personas y el Estado.
“La regulación se refiere a cómo nos vinculamos cuando somos empresa privada, o cuando somos una organización de la sociedad civil o cuando somos ciudadanos”, refirió.
“Cuando las regulaciones no están bien diseñadas generan trámites innecesarios. Tengo que volver a ir a hacer la cola tengo que volver a ir llevando mis documentos. Y también los ciudadanos asumimos sobre costos cuando tenemos que hacer estos trámites”, dijo el especialista.
“Hay un avance, pero todavía hay un gran camino por recorrer y en realidad los ciudadanos somos los que vamos asumiendo estos sobre costos en las tarifas que pone el Estado”, añadió.
Juan Carlos Rivero sostuvo que el Perú ya cuenta con un marco legal, instrumentos y resultados iniciales sobre calidad regulatoria, por lo cual el reto para el próximo gobierno es consolidar y escalar esta reforma.
“Para asegurar que la reforma no se caiga, necesitamos darle una mirada estratégica que genere sostenibilidad y que progresivamente los territorios puedan verse beneficiados de la simplificación administrativa y la reducción de las tarifas en los trámites que realizan los ciudadanos”, afirmó.
“Entre los principales desafíos para la reforma están la alta rotación política y técnica; las brechas de capacidades en el Estado; la implementación desigual en regiones y municipios; las limitaciones en digitalización e interoperabilidad, y la falta de evaluación sistemática de resultados”, dijo.