Magno Tito Apaza Mamani, alcalde del distrito de Huacullani, ubicado en la provincia de Chucuito – Juli, región Puno, fue detenido en flagrancia junto con la tesorera y una asistente de esa comuna el miércoles 2 de septiembre, en el interior del local de la municipalidad, por el presunto cohecho de S/ 30,000, informó la Policía Nacional del Perú
La Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ejecutaron la intervención; además, los fiscales William Otazú Pinto y Christhian Derly Arenas Velásquez participaron en las diligencias desarrolladas tras la denuncia empresarial.
Según la Fiscalía, el empresario denunciante sostuvo que inicialmente le solicitaron 34,900 soles y luego 30,000 adicionales por una obligación pendiente; además, entregó un registro de audio que quedó bajo custodia fiscal.
El caso se originó por el Contrato N.° 009-2026-MDH, suscrito entre la Municipalidad de Huacullani y FERBICONS CONSTRUCTORES S.A.C.; el acuerdo contempló 349,000 soles para instalar césped sintético en la comunidad de Challacollo.
Posteriormente, la municipalidad habría gestionado un pago parcial de 69,000 soles, equivalente aproximadamente al 20 % del contrato; sin embargo, el empresario reportó dificultades para obtener el pago pendiente, según su denuncia.
El caso afecta directamente a las autoridades y trabajadoras intervenidas, así como a la empresa denunciante; mientras tanto, la investigación busca establecer la procedencia y vinculación de los S/ 30 mil con los hechos investigados.
La diligencia incluyó la intervención del alcalde y la tesorera en posesión de 30,000; previamente, el dinero fue fotocopiado e impregnado para facilitar su identificación durante las acciones policiales y fiscales.
La Fiscalía aseguró y extrajo el audio proporcionado por el denunciante, además generó su código HASH para preservar su integridad; este procedimiento permitirá mantener el registro digital como elemento de investigación.
La Policía informó la detención en flagrancia, mientras la Fiscalía precisó que continuará las diligencias; por su parte, el Ministerio Público deberá esclarecer los hechos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
El caso combina una denuncia empresarial, un contrato por 349,000 soles y una intervención con 30,000; frente a otros conflictos administrativos, la flagrancia activó una respuesta inmediata de Policía y Fiscalía.
Por tratarse de una detención en flagrancia, la Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para poner a los intervenidos a disposición del juzgado; entretanto, las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y la situación jurídica.
Publicado: 3/9/2026