En los más de cien puentes peatonales que existen en la carretera Panamericana, al igual que en otras obras ejecutadas por la Municipalidad de Lima, prácticamente no hay rampas para facilitar el paso de personas con discapacidad, lo cual constituye una flagrante violación a los derechos de este sector poblacional.
Así lo sostuvo el presidente de Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos con Discapacidad, Eryk Márquez Requena, quien señaló que esa situación debe remediarse lo más pronto posible, ya que se atropella, sólo en Lima, los derechos de medio millón de personas en esta condición.
Afirmó que la actitud de las autoridades -al permitir que se construyan infraestructuras sin rampas que permitan el paso no sólo de discapacitados sino también de adultos mayores- es un acto de absoluta discriminación y una violación inaceptable.
“Al no hacer rampas ni colocar ascensores nos ponen una barrera infranqueable a quienes sufrimos de discapacidad, porque ahora tampoco podemos cruzar la vía por abajo, pues se han colocado muros que lo impiden”, señaló Márquez.
Puso como ejemplo el caso del cruce de la Panamericana Norte hacia la municipalidad de San Martín de Porres, por donde antes podían pasar los discapacitados con ayuda del policía de tránsito, pero ahora eso se ha vuelto imposible desde que se construyó el puente.
“Todas estas obras, inclusive las nuevas como el puente que conecta Acho con San Juan de Lurigancho, incumplen con la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual establece claramente que deben construirse rampas”, señaló.
Agregó que si bien el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) fiscaliza, no tiene la fuerza ni las herramientas legales para sancionar a los infractores de la Ley.
Márquez, quien hasta hace poco se desempeñaba como verificador de Accesibilidad del CONADIS, reveló a la agencia de noticias Andina, que en varias oportunidades oficiaron a la Municipalidad de Lima haciendo las observaciones del caso, pero sin mayor éxito.
El dirigente dijo que por lo menos el 80 por ciento de las nuevas obras que se realizan en Lima incumplen la obligación de contemplar accesos para los discapacitados y reclamó sanciones para las municipalidades que lo permiten.
“Los alcaldes han sido elegidos para gobernar para toda la población y no sólo para quienes están físicamente sanos”, apuntó y mencionó que los discapacitados en el país constituyen el 13 por ciento de la población del país, es decir, más de tres millones y medio.
Márquez reveló que la Asociación que dirige está coordinando con el Colegio de Ingenieros del Perú, a fin de que esta orden eleve una serie de recomendaciones a las autoridades municipales y del gobierno central para subsanar esta situación.
(FIN) ART/RRC