La defensa jurídica del Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos, obtuvo un resultado favorable en el proceso penal seguido contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros procesados por lavado de activos, luego de que el Poder Judicial fijara en un millón de soles la reparación civil a favor del Estado, como resarcimiento por el daño ocasionado por el delito acreditado en el caso Parinacochas.
La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional mediante sentencia de fecha 7 de octubre de 2026, que establece que el pago de la reparación civil será de responsabilidad solidaria de Rodolfo Orellana Rengifo, Ludith Orellana Rengifo y Humberto Paulino Contreras Abanto.
El colegiado determinó este monto considerando la naturaleza del daño ocasionado al Estado, la duración de los actos de lavado de activos y la pluralidad de operaciones acreditadas durante el proceso. Asimismo, precisó que la reparación civil debe guardar proporción con el daño efectivamente causado.
Este resultado pone de relieve la importancia de la intervención de la Procuraduría Pública, en representación del Estado, para sustentar la pretensión resarcitoria y defender los intereses patrimoniales estatales en los procesos judiciales por delitos de especial complejidad.
La reparación civil tiene como finalidad resarcir el perjuicio ocasionado al Estado y es distinta de la sanción penal impuesta a los responsables. En este caso, el juzgado fijó el monto por el hecho de lavado de activos declarado probado.
La Procuraduría General del Estado, a través de sus procuradurías públicas especializadas, reafirma así su compromiso con la defensa jurídica de los intereses del Estado y la búsqueda de una reparación por los daños derivados de la criminalidad organizada y los delitos de lavado de activos.
(FIN) NDP/JCC
CVR
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Publicado: 21/10/2026