El presupuesto público que no llega a ejecutarse en las zonas de frontera representa oportunidades de desarrollo que no llegan a la población, enfatizó el titular de la Contraloría General de la República (CGR), César Aguilar Surichaqui, al exponer en la XI Conferencia Conjunta Eurosai-Olacefs realizada en Lisboa (Portugal).
Como presidente de la Fuerza de Tarea de Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por sus siglas en inglés), el contralor expuso el tema “Control con participación ciudadana en zonas fronterizas para el cierre de brechas”.
En su exposición, indicó que el Perú tiene nueve departamentos de frontera que representan el 58.9 % de la superficie total del país y concentran el 21.9 5 de la población total.
Estos departamentos son Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna, los cuales representan el 14.4 % del Producto Bruto Interno del país, equivalente a alrededor de 44.76 mil millones de euros.
“La disponibilidad de recursos presupuestales constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para cerrar brechas. En territorios donde existen déficits de infraestructura y servicios, la demora o falta de ejecución significa postergar la solución de necesidades concretas de la población”, subrayó el titular de la CGR.
En ese sentido, mencionó que un análisis de la Contraloría determinó que la región de Tumbes registra el nivel más alto de presupuesto no ejecutado con 68.71 %, seguida de Puno con 62.26 %, Cajamarca con 50.73 %, Madre de Dios con 50.51 % y Tacna con 50.32%.
Mientras tanto, las regiones fronterizas con menor presupuesto no ejecutado son Ucayali con 43.02 %, Piura con 41.82 %, Loreto con 35.04 % y Amazonas con 33.57 %.
“En resumen, vemos que aproximadamente hay 741 millones de euros de presupuesto no ejecutado a junio de 2026. Esto representa alrededor del 46 % del presupuesto consignado para estos nueve departamentos fronterizos”, acotó.
Las brechas se amplían
Agregó que el problema adquiere mayor relevancia porque la subejecución presupuestal se produce precisamente en territorios donde las necesidades de infraestructura y servicios públicos son mayores.
“Por ello, un sol o un euro no ejecutado en una zona con brechas críticas puede representar una escuela que no se culmina, un establecimiento de salud que no se equipa, una vía que no se rehabilita, un sistema de agua que no entra en funcionamiento o una población que continúa aislada”, alertó.
El contrarlor señaló que en las zonas fronterizas se puede apreciar que la distancia geográfica, la baja densidad poblacional y las dificultades logísticas incrementan el costo y la complejidad de brindar servicios públicos.
En ese contexto, “cuando los recursos asignados no se convierten oportunamente en bienes, obras y servicios, la brecha no permanece estática, sino que puede ampliarse frente al crecimiento de las necesidades de la población”, enfatizó.
Añadió que la ciudadanía de las zonas fronterizas se constituye en un aliado estratégico para identificar oportunamente problemas en los servicios públicos. “Es la población que utiliza directamente la infraestructura y los servicios y, por tanto, puede advertir sus deficiencias y riesgos”, indicó.
Durante el evento en Portugal, la Contraloría General del Perú suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 25/9/2026