La presidente de la República, Dina Boluarte, manifestó que el importante desarrollo futuro de la actividad minera y agrícola en el sur y norte del país requerirán del desarrollo de una red de transporte ferroviario que evite la congestión de las carreteras y garantice la reducción de los costos logísticos.
En ese sentido, sostuvo que el gobierno está trabajando para poner las bases para el desarrollo ferroviario de siete rutas a nivel nacional, que unan nuestra costa, desde Ica a Trujillo; los andes desde Andahuaylas a Marcona, desde Querocotillo a Etén y la Amazonía desde Pucallpa a la costa y desde Quillabamba a Hidroeléctrica en el Cusco.
“Los proyectos ferroviarios de Lima a Ica y el de Andahuaylas a Marcona fueron declarados viables, en el marco del sistema de inversión pública, mientras estamos realizando los estudios de viabilidad del tramo de Lima a Barranca y encargaremos los estudios de viabilidad de las demás rutas en el 2025 y 2026”, manifestó en su discurso por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República.
En ese sentido, agregó, se iniciará este año el proceso de selección del país con el que desarrollará el mecanismo de Estado a Estado, para elegir un gestor de proyectos que contrate la elaboración de expedientes técnicos definitivos y que selecciones a las empresas constructoras y que además seleccione una empresa encargada de la estructuración financiera, supervisión, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ferrovaria por un plazo de 20 años, renovable por 20 años.
“Esto significa que combinaremos el mecanismo de Estado a Estado con el de Asociación Pública-Privada que tan buenos resultados ha dado en el desarrollo de otras infraestructuras”, aseveró.
Boluarte aseguró que esta infraestructura se irá desarrollando de forma secuencial, en tanto se obtenga
la viabilidad de los proyectos y el mecanismo de financiamiento se basará en la emisión de certificados de remuneración por inversión a cargo del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Debemos considerar los ingresos que genere cada ruta, en un plazo de 40 años, como se han financiado otras infraestructuras en nuestro país y en otros países desarrollados. Esto permitirá que podamos desplegar estas infraestructuras minimizando el impacto en el equilibrio de nuestras cuentas fiscales”, puntualizó.
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