La estabilidad fiscal del Perú, sostenida sobre la estrecha base de que apenas el 0.5% de las empresas aporta el 85% de la recaudación total, es una estructura de ingresos altamente vulnerable a factores externos o internos.
De acuerdo con el socio líder del área tributaria del Estudio Rodrigo, Álex Córdova, esta realidad exige proactividad y la búsqueda de soluciones estructurales que transformen el riesgo en oportunidad. La clave para la seguridad fiscal y la atracción de inversiones reside en la predictibilidad y la confianza mutua entre el Estado y los contribuyentes.
La dependencia del fisco a factores exógenos, como la fluctuación del precio de los commodities o la desaceleración global, exige una respuesta de doble vía, señala artículo publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.
La primera es la ampliación de la base de contribuyentes, incentivando decisivamente la formalización de las pymes mediante un sistema que les ofrezca certeza y costos operacionales accesibles.
La segunda, y no menos importante, es la necesidad de que el Estado acompañe y comprenda las estrategias de gestión de riesgos de las grandes empresas.
“Permitir que las corporaciones adopten coberturas para asegurar sus ganancias es indirectamente una forma de proteger la futura recaudación del Estado, blindándola de las caídas abruptas”, opina Córdova.
Procesos tributarios
La extensión y complejidad de los procesos tributarios representa un desafío significativo para la inversión y la gestión empresarial, con disputas que pueden durar, según cálculos, más de una década. Los altos costos derivados de la planificación, el patrocinio legal especializado y la constante exigencia de sustentos económicos representan barreras que dificultan la plena formalización y el desarrollo de medianas y pequeñas empresas.
Es imperativo implementar medidas que prioricen la solución anticipada y el acuerdo. Experiencias internacionales en México e Italia demuestran la eficacia de los acuerdos conclusivos entre la administración y los contribuyentes.
Estos mecanismos permiten conciliar posiciones en el marco de una fiscalización, o incluso después, evitando observaciones y eliminando la necesidad de extensos procesos judiciales.
Mediador
Córdova opina que para garantizar la imparcialidad es crucial la intervención de un mediador estatal, técnico y autónomo que dote de legalidad al procedimiento y asegure un pago justo y definitivo.
En este mismo espíritu propositivo se inscribe la implementación de consultas particulares vinculantes para la administración. Otorgar certeza anticipada sobre la posición del ente recaudador respecto a operaciones complejas es la herramienta más poderosa para prevenir conflictos. La certidumbre antes que el litigio es el motor de una economía moderna.
Para que estos mecanismos funcionen, el sistema debe recuperar su credibilidad mediante el fortalecimiento del Tribunal Fiscal. Es crucial que se promuevan concursos de selección de vocales que permitan incorporar magistrados con una independencia y una visión integral de las realidades empresariales, según Córdova.
Este fortalecimiento no solo aumenta la autonomía del Tribunal, sino que también dota al país de una instancia objetiva de resolución de conflictos, reduciendo el riesgo de onerosos arbitrajes internacionales ante el CIADI.
Esquema
Sin embargo, asegura el experto, el cambio más transformador radica en la adopción plena de los programas de cumplimiento tributario colaborativo. Este modelo, probado exitosamente en España y Brasil, propone una relación basada en la confianza mutua y la transparencia.
Las empresas se comprometen a cumplir altos estándares tributarios de forma proactiva, y a cambio obtienen evaluaciones previas que les garantizan predictibilidad. Este mecanismo es un escudo de seguridad: si, en una auditoría posterior, la administración adoptara una posición diferente a la acordada, solo podría exigir el pago del impuesto, mas no imponer intereses ni sanciones.
El cumplimiento colaborativo es independiente de las fiscalizaciones, lo que lo convierte en una herramienta preventiva de primer orden. Es viable y necesario en el contexto actual del país.
Es la estrategia que permite mantener una fiscalización efectiva, pero basada en la anticipación y el diálogo, en lugar de la confrontación. La estabilidad fiscal de Perú y la atracción de inversión a largo plazo dependen de la valentía con que el Estado abrace este modelo de confianza y cooperación.
La recaudación tributaria en el Perú alcanzó los 155,756 millones de soles en el 2024, un crecimiento real del 3.3% respecto al año anterior.
Datos
- Los altos costos asociados a los procesos tributarios extensos representan un desafío de gestión para la formalización, especialmente para las pymes, que deben asumir gastos significativos en patrocinio legal y soporte contable, afirma Córdova.
- Un proceso prolongado impacta incluso al Poder Judicial, donde la demora en la resolución puede dificultar la obtención de medidas cautelares para frenar las cobranzas coactivas.
- La prolongación de estas controversias, incluida la posibilidad de que la Administración extienda las resoluciones del Tribunal Fiscal a la vía judicial, incrementa el riesgo de que el país enfrente costosos arbitrajes de inversión ante el CIADI.
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(FIN) DOP/SDD