El Poder Ejecutivo presentó hoy jueves al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual solicitan que se les otorguen facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y otras por el plazo de 60 días.
El proyecto de ley está acompañado de un oficio en donde piden al Parlamento que se disponga el trámite de la propuesta con carácter de
muy urgente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política.
"La presente Ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultadde legislar en la materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidadorganizada y crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley", indica el artículo primero de la propuesta.
Se precisa, además, que la finalidad de esta delegación de facultades es garantizar la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada, así como impulsar la economía responsable y el fortalecimiento institucional, en beneficio de la ciudadanía.
En cuanto a las materias sobre las cuales solicitan legislar, estas son:
- Seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada
- Crecimiento económico responsable
- Fortalecimiento institucional
En la exposición de motivos, el proyecto de ley del Ejecutivo señala que la solicitud de facultades al Parlamento "tiene como finalidad fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, mediante la emisión de normas con rango de ley que optimicen la respuesta institucional y mejoren la eficacia del sistema penal, policial y penitenciario".
Se precisa que la propuesta contiene 23 medidas, de las cuales serán priorizadas la creación del Subsistema Especializado contra la extorsión y sus delitos conexos (SEEDC) y la creación y regulación de la Brigada Canina de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario.
El texto agrega que estas se implementarán de manera progresiva y se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades competentes, mientras que las otras medidas no irrogarán gastos.
"En consecuencia, se espera un impacto positivo en los indicadores de seguridad ciudadana y una mejora sostenida en la eficacia de las políticas públicas de prevención y control del delito", precisa la exposición de motivos.
(FIN) MCA/JCR
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Publicado: 20/11/2025