El pleno del Congreso archivó la acusación constitucional contra Édgar Alarcón Tejada, en su condición de excontralor general de la República, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada.
Solo 47 legisladores votaron a favor de que se declare haber lugar a la formación de causa contra el excontralor, mientras 35 lo hicieron en abstención y cero en contra.
La denuncia contra Alarcón Tejada fue formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera con fecha 9 de julio del 2020.
Según la Fiscalía de la Nación, el denunciado autorizó diversos pagos por servicios no prestados a la Contraloría General de la República (CGR), con cargo a los fondos de caja chica central, por el importe de S/ 32,417.39 y mediante la emisión de comprobantes de pago, por la suma de S/ 458,460.56, ocasionando con su accionar un perjuicio económico a la entidad por un monto total de S/ 490 877.95.
La denuncia proviene de un informe de auditoria del Órgano de Control Institucional de la CGR, en el marco de la acción de control denominada "auditoría de cumplimiento a la CGR", respecto a la administración y custodia de los fondos de caja chica de la CGR por el periodo del 01-01-2013 al 30-06-2017.
En dicha etapa, Alarcón Tejada, ejerció como gerente central de operaciones, gerente de auditoría especializada, vicecontralor y contralor general de la República.
La congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, sustentó el informe informe final de su grupo de trabajo que concluye acusar al denunciado.
Dicho informe final de la denuncia constitucional fue aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 20 de julio de 2021.
Edgar Alarcón Tejada ejerció su su derecho a la defensa ante el pleno de la representación nacional.
Los congresistas del Partido Morado expresaron su rechazo al archivamiento de la acusación constitucional contra Edgar Alarcón y presentaron un recurso de reconsideración a fin que el pleno replantee su decisión y emita un voto responsable.
Mediante un comunicado, recordaron que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó, de manera contundente, que el pleno del Parlamento debe acusar al excontralor, pero que con 35 abstenciones se decidió blindar e impedir que sea sometido a una investigación y enfrente a la justicia.
En tal sentido, los parlamentarios exigieron que todas las bancadas y congresistas actúen en consecuencia y se comprometan en la lucha contra la corrupción.