La campaña electoral 2018 recién empieza, y los candidatos y partidos políticos con aspiración municipal y regional no solo deben difundir sus propuestas en busca de votos, sino conducirse con honestidad, ética y trasparencia, y rechazar aportes financieros de origen ilícito.
Y como no es novedad que organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos buscan infiltrarse en la política, las campañas electorales son el espacio propicio para
introducir su dinero sucio a cambio de cobrar favores futuros a los candidatos que resulten ganadores.
Una prueba de ello es la compañía brasilera
Odebrecht, que en el pasado
sobornó para ganar licitaciones y obras públicas en el Perú, e incluso reveló que, prácticamente, todos los líderes políticos, directa o indirectamente, recibieron dinero para sus respectivas campañas.
La tentación es grande, es cierto, sobre todo cuando los valores son débiles y la tolerancia a la corrupción -en ocasiones- es vista erróneamente como algo natural y no como una práctica tan cuestionable y sancionable como la corrupción misma.
Operaciones sospechosas
Entonces, la posible penetración de dinero de origen ilegal hace imperativo que los partidos estén obligados, al igual que los bancos, a detectar y reportar toda operación sospechosa ante los sistemas de prevención del lavado de activos, mediante un
oficial de cumplimiento.
Dicho argumento es defendido por el abogado Dino Caro Coria, asesor de organismos públicos y privados (nacionales y extranjeros) en prevención o “compliance antilavado de activos”, quien considera que un oficial de cumplimiento debe monitorear todas las finanzas de un partido.
“Los partidos deben ser personas jurídicas que designen un gerente u oficial de cumplimiento, quien pueda emitir un reporte de operación sospechosa ante la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), si detecta dineros de fuentes oscuras”, explica a la
Agencia Andina.
Actualmente, las entidades financieras están obligadas a dar estos reportes ante la UIF, entre ellas los bancos, las casas de cambio, agencias de viajes, empresas procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, e incluso los abogados que dan asesoría de índole financiera.
Pero los partidos políticos hoy no tienen esa obligación, pese a que contar con este agente les permitiría transparentar mejor sus finanzas y participar en la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Supervisión
En buena cuenta, un
oficial de cumplimiento es el
llamado a supervisar los mecanismos diseñados para prevenir el lavado de activos y vigilar el adecuado cumplimiento de los procedimientos internos para ese fin, incluyendo comunicar las transacciones sospechosas.
Su función principal es detectar “donaciones o aportes sospechosos” e informar de inmediato, e incluso bajo responsabilidad penal, a la UIF para que cruce y profundice la información respecto a su verdadero origen, informando también -por supuesto- al Ministerio Público.
Ese riesgo genera la necesidad de fiscalizar de manera eficiente el dinero manejado por los partidos políticos, en especial cuando este se destina al
financiamiento de las campañas electorales, en muchas de las cuales se desconoce qué fuentes o intereses están detrás.
Normatividad
Por ello la importancia de regular normativamente la designación de los oficiales de cumplimiento en el ámbito de los partidos políticos y volverlos “sujetos obligados” a velar por la transparencia en el origen de esos fondos.
“Es fundamental que los partidos políticos sean sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Esto puede impactar positivamente, en la medida en que se transparenten las finanzas de los partidos. Es una urgencia desde la legislación”, comenta Caro Coria.
Precisamente, esa urgencia cobra mayor relevancia cuando los
reportes que los partidos entregan de forma periódica a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son a veces insuficientes o se presentan de manera incompleta, tergiversada y/o con datos errados.
La buena fe se presume, es cierto, pero tampoco se puede afirmar de forma categórica que los fondos para financiar las campañas políticas en el Perú son absolutamente transparentes o que provienen únicamente de fuentes lícitas.
De esa opinión es el jefe de la Misión de
IDEA Internacional en Perú,
Percy Medina, quien advierte que el riesgo de que las campañas políticas terminen siendo financiadas por dinero ilícito es evidente y preocupante, por lo que resulta indispensable adoptar medidas.
“A través del financiamiento de campañas, el crimen organizado puede comprar poder o acceder a la política, lo que es un riesgo para la democracia. En esa medida, la idea de un oficial de cumplimiento y otros mecanismos de reporte es importante”, subraya.
Cabe recalcar que la
Ley de Partidos Políticos establece que estos deben tener un sistema de control interno de las finanzas y del financiamiento de sus candidaturas, incluso en las regiones, por lo que es menester verificar de dónde provienen tales aportes y recursos.
Para Medida, la labor de la ONPE, de la sociedad civil y de los medios de comunicación también juega un rol preponderante para ayudar a verificar si, en efecto, los recursos partidarios son transparentes y legales.
Autonomía
Ahora, si se quiere que el desempeño del oficial de cumplimiento sea idóneo, este debe gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones, actuar de forma confidencial, a dedicación exclusiva y recibir capacitación de manera periódica.
Y es que la labor del oficial de cumplimiento, como mecanismo de evaluación de riesgos y prevención del lavado de activos, puede complementar perfectamente el rol de las auditorías internas de los partidos políticos, y así dar batalla a este flagelo que mueve millones al año.
Su rol, sin duda, también ayudaría a agilizar, de ser el caso, la apertura de una investigación por lavado de activos contra un partido o agrupación política de alcance regional, sin perjuicio de las responsabilidades penales que, posteriormente, puedan establecerse.
No perdamos de vista que, según el JNE, en los próximos comicios de octubre participarán unos
115,000 candidatos para 12,903 cargos regionales y municipales en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos, por lo que evitar dinero turbio en esta campaña es imperioso.
Un oficial de cumplimiento, entonces, ayudaría también a elevar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, dado que solo un 18% de la opinión pública confía en estas organizaciones, de acuerdo con una encuesta de Ipsos, que data del año 2017.
La falta de transparencia es el caldo de cultivo para actos ilícitos, como el
lavado de activos, y cuando se trata de hacer más transparentes las cuentas de los partidos políticos y cerrarle el paso al delito, ningún esfuerzo o iniciativa se planteará en vano.
(FIN) MVF/CCR
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Publicado: 8/7/2018