La Corte Suprema de la República, que preside Janet Tello Gilardi, se reunirá este 4 de setiembre con una comitiva del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que visitará el Perú para evaluar la situación de los casos de niñas víctimas de violencia sexual, en la región Amazonas.
El Poder Judicial (PJ) informó que la presencia de la misión adquiere especial relevancia debido a las obligaciones asumidas por los Estados Parte en virtud de la Convención de Belém do Pará, de manera particular a las referidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar mecanismos efectivos para la protección y defensa de sus derechos.
De forma específica, el artículo 7 de la referida convención determina el deber de los Estados de actuar con debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, lo que exige una respuesta inmediata, efectiva y coordinada frente a casos de violencia sexual.
Asimismo, el artículo 8 refuerza esta obligación mediante la adopción de medidas integrales orientadas a la adecuación institucional, la prevención y la reparación, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de justicia y la garantía de acceso efectivo a medidas y acciones de protección y atención.
Por su parte, el artículo 9 establece que los Estados deben considerar las condiciones de vulnerabilidad e interseccionalidad, debido a que las niñas indígenas awajún y wampis enfrentan múltiples formas de discriminación que requieren respuestas diferenciadas y culturalmente pertinentes.
Evalúa avances
El Mesecvi evalúa los avances de los Estados Parte en el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, así como los desafíos que persisten en la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres.
En este contexto, la misión técnica, a invitación de la Corte Suprema del Perú, permitirá evaluar el grado de cumplimiento de estas obligaciones y contribuirá a fortalecer la respuesta estatal conforme a los estándares interamericanos aplicables.
La comisión está integrada por las vicepresidentas Yildalina Noemí Taten Brache (República Dominicana) y Mónica Andrea Maureira Martínez (Chile), así como por la secretaria técnica Luz Patricia Mejía Guerrero (Colombia).
También por las expertas Eva Villarreal Pascual (España), Jennifer Delgado (Panamá) Ana María Mendieta Trefogli (Perú), además de Tatiana Elli Bensa (Francia) y Julieth Aranzazu Palomo Suárez (Colombia).
Agenda de trabajo
Como parte de su agenda inicial, el Mesecvi sostendrá el 4 de setiembre un encuentro de alto nivel con representantes de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
También participarán representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior–Policía Nacional del Perú, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera, el encuentro en Palacio de Justicia permitirá intercambiar información sobre las medidas adoptadas, los avances alcanzados y los principales desafíos, así como conocer los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la respuesta.
Estas acciones forman parte de los objetivos específicos de la misión, entre ellos examinar y recopilar información cualitativa sobre el acceso a la justicia de niñas indígenas y analizar la aplicación de la debida diligencia reforzada en el sistema de justicia.
Asimismo, identificar barreras estructurales de carácter geográfico, lingüístico, cultural e institucional, evaluar los avances en los modelos de atención y respuesta judicial y aportar insumos técnicos para elaborar una recomendación general sobre la violencia contra las mujeres indígenas desde una perspectiva intergeneracional.
Además, detectar posibles retrocesos normativos, incluida la eliminación del enfoque de género en el marco legislativo, revisar la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) y fortalecer la cooperación técnica entre el Estado peruano y el Mesecvi.
Luego, la delegación se trasladará a Santa María de Nieva y a los distritos de El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, donde sostendrá reuniones y espacios de diálogo con autoridades locales y comunitarias, operadores de justicia, lideresas, organizaciones de mujeres indígenas y representantes de la sociedad civil.
Como parte del trabajo en nuestro territorio, recorrerá instituciones y servicios que integran la ruta de atención y acceso a la justicia para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familiares, a fin de conocer su funcionamiento, articulación interinstitucional e interoperabilidad.
Debe resaltarse que la información recabada durante las reuniones, audiencias y visitas servirá de base para la elaboración de las observaciones y recomendaciones preliminares de la misión, que serán presentadas el viernes 11 de setiembre, durante una rueda de prensa en Lima.
Medidas contra la violencia
Cabe remarcar que, durante la actual gestión de Janet Tello Gilardi, el Poder Judicial puso en funcionamiento, en enero pasado, el SNEJ en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, conformado por diez órganos jurisdiccionales ubicados en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa.
Es importante precisar que los juzgados de familia otorgan medidas de protección y medidas cautelares en favor de las víctimas, mientras que los de investigación preparatoria resuelven los requerimientos del Ministerio Público.
Por su parte, los juzgados penales unipersonales y el juzgado penal colegiado tienen a su cargo el juzgamiento y la sanción de delitos graves, como feminicidio, lesiones, violación sexual y tocamientos indebidos, de acuerdo con sus respectivas competencias.
La puesta en marcha de este sistema significó un paso firme para acercar la justicia a quienes más la necesitan, en un territorio marcado por la pobreza, el abandono del Estado (se habla así de centenares de NNA, mujeres, víctimas de abuso sexual) y las barreras lingüísticas.
“Que quede bien claro, los hechos de violencia sexual deben ser sancionados de manera ejemplar, como ya se puede comprobar con sentencias de hasta 35 años de cárcel en la Corte de Amazonas”, expresó en su oportunidad Tello Gilardi.
Para fortalecer el servicio de justicia en Condorcanqui, el Poder Judicial puso a disposición de las juezas y jueces de esta jurisdicción nueve deslizadores para facilitar su traslado y el de las víctimas, contribuyendo así a reforzar la protección de estas últimas.
DATO
Esta será la tercera misión de asistencia técnica del Mesecvi, después de las realizadas en Argentina, en 2023, y Colombia, en 2026, en el marco de su mandato de apoyar a los Estados Parte en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará.
(FIN) NDP/DAA/HTC
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Publicado: 30/8/2026