Diversas organizaciones, colectivos y ciudadanos solicitaron la adopción de medidas urgentes para enfrentar la violencia sexual, desprotección e impunidad que afectan a niñas, adolescentes y mujeres de comunidades nativas awajún y wampís de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
A través de una carta abierta, las organizaciones demandaron la aprobación de una política pública articulada, con presupuesto asignado y participación directa de los
pueblos indígenas, que permita atender una problemática que, según advierten, responde a factores estructurales e históricos.
Entre ellos mencionan la insuficiente atención de los servicios públicos, la inseguridad alimentaria, las dificultades de acceso a la justicia y la falta de pertinencia intercultural en algunas respuestas del Estado. A ello se suma la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
Tres ejes de intervención
Frente a esta situación, las organizaciones plantean tres ejes prioritarios para transformar las condiciones de vida en el territorio.
El primero es la
atención integral e intercultural de la salud, mediante estrategias de salud mental comunitaria, prevención del embarazo adolescente y atención del VIH, con traductores en lenguas awajún y wampis.
También proponen implementar brigadas fluviales que permitan trasladar oportunamente y brindar atención integral a las víctimas de violencia sexual.
El segundo eje corresponde a una educación segura y alternativas a las residencias estudiantiles. En ese sentido, plantean revisar el actual modelo de residencias, debido a que consideran que puede incrementar la vulnerabilidad de las alumnas, y avanzar hacia un sistema territorial que permita garantizar el acceso a la educación sin separar a los adolescentes de sus familias.
La propuesta contempla, además, transporte fluvial seguro, fortalecimiento de las escuelas locales y mecanismos comunitarios de alerta frente a posibles situaciones de abuso.
El tercer eje plantea el reconocimiento e integración de las defensoras comunitarias, mediante la creación de un registro territorial y protocolos obligatorios de articulación con los sectores Salud, Educación y Justicia.
Las organizaciones consideran necesario garantizar la labor de estas defensoras sin trasladarles responsabilidades que corresponden al Estado.
Reunión de alto nivel en 30 días
Como parte de la ruta inmediata de acción, la carta abierta solicita a las autoridades convocar, dentro de los próximos 30 días, una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui, con capacidad real de decisión y participación protagónica de las organizaciones indígenas.
Entre las organizaciones convocadas figuran el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), COMUAWUY, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y representantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa.
Asimismo, solicitan que el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las medidas propuestas.
El documento plantea también la aplicación de sanciones ejemplares, incluida la expulsión y el retiro definitivo del servicio, al personal de los sectores Salud y Educación, así como de las guarniciones militares, que resulte responsable de abusos sexuales.
“Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia, permanecer junto a sus familias, estudiar con seguridad, acceder a servicios de salud y ser escuchadas en su propia lengua. El silencio y la demora también producen impunidad. Es momento de actuar”, señala la carta.
Por último, las organizaciones firmantes reafirmaron su compromiso de respaldar el liderazgo territorial de los pueblos awajún y wampís y realizar un seguimiento permanente para que las decisiones estatales se traduzcan en garantías efectivas para la vida y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres de la Amazonía peruana.
Publicado: 13/8/2026