El Poder Judicial declaró fundado el pedido para incluir como tercero civil responsable a tres empresas brasileñas en los presuntos actos de corrupción ocurridos en el proyecto de la carretera Interoceánica, en la gestión del expresidente Alejandro Toledo.
Así lo determinó el magistrado Richard Concepción Carhuancho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al evaluar en audiencia pública la referida solicitud planteada por la Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht así como la postura de la defensa legal de las referidas compañías sobre la misma.
La Procuraduría refirió que las referidas empresas se consorciaron como Intersur Concesiones para, mediante coimas consensuadas entre los directivos de estas, obtener la licitación del tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique (2001-2006).
Como elementos de convicción, la Procuraduría aludió la existencia de correos electrónicos incautados al director de Intersur, Marcos de Moura Wanderley, que hacen referencia a los referidos sobornos, así como depósitos en cuentas de Josef Maiman Rapaport, presunto testaferro de Toledo Manrique, desde una offshore vinculada a las referidas compañías brasileñas.
De otra parte, la defensa consideró que la Procuraduría Ad Hoc carecía de legitimidad para plantear la referida solicitud, además de negar la existencia de los correos basándose en una supuesta pericia solicitada por las propias empresas investigadas, argumentos que fueron desestimados por el referido juzgado.