El Gobierno, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), emplea tecnología satelital y herramientas de análisis geoespacial para identificar actividades vinculadas a la minería ilegal, incluso en zonas de difícil acceso del territorio nacional. Esta información permite a las fuerzas del orden planificar con mayor precisión sus operativos de interdicción contra las organizaciones criminales que depredan los recursos naturales.
Los informes técnicos elaborados a partir de imágenes satelitales, mapas y análisis especializados constituyen un insumo estratégico para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta información facilita la identificación de maquinaria, campamentos e instalaciones utilizados en la extracción ilegal de minerales, así como la planificación de intervenciones en el terreno.
Especialistas de la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN) de la FAP procesan y analizan imágenes captadas por el satélite PerúSAT-1 y otras fuentes satelitales. Mediante técnicas de teledetección y herramientas de análisis geoespacial, identifican instalaciones, áreas intervenidas y otros indicios de actividad minera ilegal en distintas zonas del país.
“Con el uso de la tecnología, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ratifica su compromiso de combatir a las organizaciones criminales que depredan nuestra Amazonía y dañan el medio ambiente”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
Actividad minera ilegal en Madre de Dios
A finales de agosto, el análisis de imágenes satelitales que abarcaron más de 33 mil hectáreas en los distritos de Inambari y Laberinto, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, permitió identificar 236 dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro, 118 canaletas de lavado de mineral, 242 instalaciones operativas y cinco campamentos clandestinos en la Reserva Nacional de Tambopata.
Producto de este hallazgo, agentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, junto con representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, se desplazaron a los puntos identificados para intervenir los campamentos, maquinarias e insumos vinculados a la minería ilegal.
La evaluación también evidenció la degradación de más de 4 mil hectáreas de bosque amazónico en la zona, como consecuencia de las actividades de extracción ilegal de minerales.
El uso de información satelital especializada, articulado con las acciones de las fuerzas del orden en el territorio, se enmarca en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
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(FIN) NDP/DAA/RMCH
Publicado: 17/10/2026