Un total de 21 predios de propiedad del Estado peruano, que habían sido ocupados de forma ilegal, fueron recuperados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través de su procuraduría pública, durante el 2025, se informó.
“Recuperar estos espacios y formalizarlos es fundamental para ponerlos al servicio de la ciudadanía, a través del equipamiento correspondiente”, expresó el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Wilder Sifuentes Quilcate.
Las intervenciones se realizaron entre enero y diciembre del 2025, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales, con el objetivo de restituir predios públicos y garantizar que estos sean destinados a fines de interés social y uso público.
Entre los casos más emblemáticos figura la recuperación de un predio de 32,142 m² en el Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo (Lima). También terrenos ubicados en los asentamientos humanos Unión Quilmaná, en Cañete (26,785 m²), y Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha – Ica (22,487 m²). Además, se restituyó un lote de 20,000 m² destinado a equipamiento urbano del Instituto Superior Tecnológico de Aplao, en Arequipa.
Adicionalmente, se recuperaron más de 14,000 m² en diversos puntos del país, incluyendo Chincha (Ica); Ancón y Ventanilla (Lima), Acari, Bella Unión, Lomas, Socabaya, La Joya, Sachaca y Cocachacra (Arequipa), Chulucanas y Piura (Piura) e Ilo (Moquegua).
“Desde Cofopri estamos actuando con firmeza para defender los intereses del Estado y evitar que los terrenos públicos sean tomados o utilizados de manera ilegal”, afirmó el director ejecutivo de la entidad, Carlos Reátegui.
Sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de defensa del patrimonio público y así garantizar que los terrenos del Estado sean destinados a educación, salud, seguridad, áreas verdes, mercados, equipamiento urbano y otros servicios, contribuyendo a la seguridad jurídica, la prevención del tráfico de terrenos y el bienestar de la población.