El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) brindará a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial acceso en línea a la información sobre el proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos móviles reportados por las empresas operadoras, informó el organismo regulador.
La disposición, establecida en el
Decreto Supremo N° 128-2025-PCM, tiene como finalidad erradicar el comercio ilegal de chips y fortalecer la seguridad ciudadana. Esta norma aprueba las disposiciones adicionales de la Ley N° 32451, que refuerza la lucha contra la activación ilegal de líneas móviles y la posesión ilícita de SIM cards en el país.
De acuerdo con el Osiptel, la información generada por las operadoras incluirá la trazabilidad y ruta del SIM card o chip, es decir, el registro completo del proceso de comercialización, contratación y activación del servicio móvil, así como la identificación de todas las personas que hayan intervenido en estas etapas.
El organismo explicó que este mecanismo permitirá a las autoridades contar con información oportuna para investigar irregularidades, prevenir fraudes y desarticular redes criminales vinculadas al uso indebido de líneas móviles.
“La trazabilidad de cada SIM card o chip es una herramienta clave para fortalecer la seguridad digital y ciudadana. Con esta medida, aseguramos que cada línea móvil tenga un responsable plenamente identificado y que las autoridades puedan actuar con rapidez ante cualquier uso indebido”, destacó el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén Marroquín.
Municipalidades deberán reportar venta ambulatoria
Asimismo, el decreto dispone que las municipalidades distritales, en el marco de sus funciones de control del comercio ambulatorio, informen al Osiptel, a la PNP y al Ministerio Público sobre la venta ambulatoria o en la vía pública de servicios móviles, con el fin de combatir la comercialización irregular de SIM cards y fortalecer la formalidad del mercado.
Según el nuevo marco normativo, las municipalidades deberán comunicar estos reportes al día hábil siguiente de detectar la venta ilegal, indicando la ubicación geográfica, el nombre de las empresas operadoras involucradas y los datos de las personas identificadas en la comercialización irregular.