El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, encabezó esta madrugada un operativo inopinado en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, en el distrito del mismo nombre, como parte de las acciones de control en los centros de reclusión del país.
La intervención se concentró en el pabellón 4, donde permanecen unos 650 internos, y permitió la incautación de diversos objetos no autorizados, entre ellos un amplificador de sonido, televisores, ventiladores, reproductores de DVD, mesas de billar, extensiones eléctricas y tomacorrientes. También se hallaron una imagen de la denominada Santa Muerte, un teléfono celular y libretas con números telefónicos, que presuntamente eran utilizadas para comunicaciones ilegales desde el interior del penal.
Tras el operativo, el titular del sector Justicia señaló que este tipo de intervenciones son necesarias para reforzar el principio de autoridad y el control penitenciario. Recordó además que el penal de Lurigancho alberga a más de 10.000 internos, lo que -dijo- obliga a mantener medidas permanentes de supervisión.
“Las acciones que realizamos en los penales son fundamentales para mantener el principio de autoridad y colaborar con la lucha contra la inseguridad ciudadana”, afirmó.
Martínez Laura añadió que la política penitenciaria del Gobierno busca debilitar la influencia del crimen organizado dentro de los centros de reclusión. En ese marco, indicó que se viene separando a los líderes de organizaciones criminales de los internos primarios, mediante su traslado a penales de mayor seguridad, como Ancón I, Challapalca y Cochamarca. “Los establecimientos penitenciarios van a dejar de ser escuelas del delito”, subrayó.
El operativo contó con la participación de más de 300 agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un agente de la Unidad Canina, Kayser, especializado en la detección de drogas.
Según informó el Ministerio de Justicia, estas acciones se enmarcan en una estrategia integral del Gobierno, encabezado por el presidente José Jerí, orientada a recuperar el control de los penales, reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada y contribuir a la seguridad ciudadana desde el sistema penitenciario.
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