La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC), declarando infundada la demanda competencial contra el cierre del Congreso, deja en claro que dicha decisión fue constitucional, dijo hoy el abogado Omar Cairo.
"Lo que pasó el 30 de setiembre es un hecho que revela de manera inequívoca la intención del Congreso de no aceptar lo que el presidente del Consejo de Ministros pide con respaldo de una cuestión de confianza", explicó.
Para el constitucionalista, hubo una negativa de la confianza y, al tratarse de un segundo gabinete rechazado, la Constitución habilitaba al presidente de la República a cerrar el Legislativo.
"Eso quedó claro ayer (día en que el TC votó)", enfatizó Cairo, quien insistió en que la denegación de la confianza no solo puede ser por votación sino también por una conducta manifiesta.
Infracción constitucional
En otro momento, Cairo dijo que el próximo Congreso podría iniciar un juicio político contra los integrantes del Parlamento disuelto que desconocieron el cierre y tomaron juramento a Mercedes Aráoz, si estima que habrían cometido infracción a la Constitución.
La infracción constitucional, precisó, tiene un mecanismo de sanción que se implementa a través de un juicio político previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución.
El juicio político, refirió, podría concluir con medidas que van desde la suspensión hasta la destitución o inhabilitación.
Los magistrados Eloy Espinoza-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma, presidenta del TC, respaldaron la potencia de su colega Carlos Ramos, quien avaló la disolución del Parlamento por considerar que "sí tuvo lugar" la denegación de la confianza al Gabinete que encabezó Salvador del Solar, el pasado 30 de setiembre.
Sus colegas Ernesto Blume, Augusto Ferrero-Costa y José Luis Sardón emitieron un voto singular en contra de la potencia de Ramos. Para dichos magistrados, la demanda debió ser declarada fundada.
(FIN) VVS/CVC
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Publicado: 15/1/2020