El contralor general Nelson Shack, destacó la transformación de la Contraloría General de la República desarrollada en los últimos cinco años en el webinario denominado “La Reforma del Control Gubernamental, balance y perspectivas al quinquenio de su implementación (2018-2022)”.
“Durante este quinquenio de la reforma que empezó en el 2018 con la Ley 30742 hasta diciembre de 2022, la Contraloría se ha transformado sustancialmente. En el 2017 se producían alrededor de 14 300 informes de control y el año pasado producimos 42 000. Antes controlábamos en el 29% de entidades públicas, ahora esa cifra ha crecido a 44%”, sostuvo.
Señaló que dicha reforma se planteó en un programa de trabajo de cuatro años y se esperaba que, en el 2021, al cumplirse el bicentenario de la independencia, el Perú tendría un sistema de control moderno, eficiente, además de proponer mejoras en la administración pública; sin embargo, el plazo se amplió por la pandemia generada por la covid-19.
Mencionó que el enfoque de la Contraloría siempre ha sido posterior, de carácter punitivo o sancionador, pero con la reforma se ha enfatizado en el tema preventivo con el control concurrente, el cual permite el acompañamiento de los auditores en la ejecución de obras y servicios durante todo el proceso.
No obstante, indicó que se ha continuado con los servicios de control posterior. Solamente en el año 2022 se identificó a 8730 funcionarios con presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativa.
De otro lado, el contralor resaltó las acciones emprendidas para promover el control social y fortalecer así la participación ciudadana a través de las audiencias públicas, los auditores juveniles y los monitores ciudadanos de control, cuyo programa de voluntariado ha sido reconocido con diferentes premios. También destacó la participación de adultos mayores en el programa de Mentores de Control Social.
Desafíos de la reforma del control gubernamental
Durante su exposición, el contralor general señaló diez desafíos de dicha reforma, y destacó la activación de la facultad sancionadora de la Contraloría. Precisó que al cierre del 2022 existían casi 40 funcionarios inhabilitados de la función pública.
Otro elemento clave, afirmó, es la ampliación del control concurrente para que a lo largo del proceso de contratación de bienes o servicios se alerte de manera oportuna alguna situación adversa y el gestor público pueda corregirlo.
También dijo que, como parte de la reforma, la Contraloría ya implementó 349 Órganos de Control Institucional (OCI) en todo el país, de un total de 738 y hacia el final de este año se incorporará a los OCI de las entidades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos autónomos y otras entidades públicas.
Asimismo, se enfatizará en la implementación integral del Sistema de Control Interno a cargo de las entidades públicas en el Estado, ya que “gran parte de los problemas de corrupción es por el precario desempeño del control interno, por eso se han hecho esfuerzos para fortalecerlo”.
El contralor mencionó como desafíos la focalización del control a los procesos misionales de las entidades, el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Control, para asegurar la calidad de las intervenciones y gestión antisoborno, articulación en el ecosistema de control y lograr una Ley de Carrera del Auditor Gubernamental.
En otro momento resaltó que la Contraloría ha sentado un precedente en toda América Latina al medir la corrupción no como un estudio de percepción, sino con datos. De esta manera, con una nueva metodología se ha medido el tamaño de la corrupción en el país, incluso se ha establecido un ranking de entidades, que se refleja en el Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional.
Finalmente, propuso algunas perspectivas al 2024 como una siguiente fase de la reforma del control gubernamental. “Es bueno que se repiense los mecanismos de elección y las competencias del contralor. Es importante que el contralor haga los informes de control y tenga mecanismos para investigar determinados tipos de casos directamente y aprovechar mejor estas nuevas facultades, como el acceso de información reservada y clasificada o levantar el secreto bancario y bursátil”, indicó.
(FIN) NDP/RMCH
JRA
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Publicado: 23/2/2023