Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos fundamentales y garantizar el acceso oportuno a la justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) trabaja con la Defensoría del Pueblo la identificación de mecanismos de coordinación interinstitucional ante posibles escenarios de conflictividad social.
En ese sentido, el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del sector Justicia, Abel Hurtado Espinoza, y el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, Carlos Lozada Melgar, sostuvieron una reunión de trabajo.
Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar las acciones preventivas del Estado, promoviendo respuestas oportunas y articuladas que contribuyan a preservar la paz social y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La Defensa Pública destacó su rol estratégico en la política pública orientada a garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables.
En ese marco, reafirmó su compromiso de brindar asistencia legal inmediata a personas detenidas y/o heridas durante eventuales movilizaciones sociales.
Monitorear eventuales protestas
Por su parte, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad expuso el trabajo que desarrolla a nivel nacional en el monitoreo y análisis de conflictos sociales, la identificación de alertas tempranas, la promoción del diálogo entre los actores involucrados y el seguimiento de los compromisos asumidos en diversos espacios de concertación.
En la reunión se adoptaron acuerdos que permitirán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo monitorear en tiempo real e in situ lo que suceda en eventuales protestas.
Ello a fin de contar con información objetiva y de primera fuente sobre los hechos ocurridos, contribuyendo a prevenir la difusión de información falsa o no verificada. De esta manera, se busca proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar el acceso a información oportuna y confiable.
Asimismo, ambas entidades reafirmaron que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica constituye una manifestación legítima de las libertades de expresión y reunión, cuyo desarrollo debe realizarse dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
Esta articulación institucional representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y contribuir a la construcción de una cultura de paz, legalidad y respeto de los derechos humanos en el país.
(FIN) NDP/HTC/FHG
JRA
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