El proceso de deshacinamiento no solo busca garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios del país, sino que también representa un ahorro para el Estado por más de S/ 3,636 millones en infraestructura carcelaria, dijo hoy el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez Borra.
Tras el operativo inopinado de esta madrugada en el centro penitenciario de Tumbes –con una sobrepoblación de cinco veces sobre su capacidad–, el titular de Justicia detalló que “con ese dinero se podrían construir decenas de hospitales, escuelas, pistas, carreteras y obras de infraestructura”.
Estos recursos servirían, además, para ejecutar infraestructura carcelaria que mejore las condiciones penitenciarias existentes, “con mejor calidad, mejor mantenimiento y mejor servicio”.
El ministro precisó que, de acuerdo con estimaciones técnicas, el costo promedio de una unidad de albergue penitenciario en el país asciende a S/ 147,000, considerando estándares mínimos de infraestructura, como servicios higiénicos, espacios de trabajo, educación, salud y seguridad.
Bajo este cálculo, la reducción proyectada de 24,739 unidades de albergue –producto de las medidas de deshacinamiento– permite evitar una inversión millonaria en nuevas construcciones.
Señaló que este impacto equivale a dejar de edificar aproximadamente 41 penales de 600 internos, 20 penales de mayor envergadura con capacidad para hasta 1,200 internos o al menos 8 megapenales con capacidad para 3,000 internos cada uno.
La magnitud del ahorro cobra relevancia si se considera que un penal de 600 unidades de albergue demanda cerca de S/ 88.2 millones, mientras que un megapenal puede superar los S/ 441 millones, como en proyectos recientes cuya inversión se eleva por factores como acceso, servicios básicos y licencias sociales.
Población penitenciaria
En la actualidad, la población penitenciaria supera los 105,000 internos, lo que evidencia la urgencia de políticas sostenibles que no dependan exclusivamente de la expansión de infraestructura, sino que apuesten por alternativas legales, medidas de reinserción y el uso eficiente de recursos públicos, detalló el ministerio, en una nota de prensa.
En ese sentido, el ministro reafirmó que el deshacinamiento “no solo es una medida humanitaria, sino también una decisión estratégica que permite redirigir recursos a sectores prioritarios como seguridad, justicia y programas de reinserción social, beneficiando directamente a la ciudadanía”.
El ministro Jiménez Borra lideró un operativo en el penal de Tumbes, donde también se ha superado la capacidad de albergue y es uno de los más hacinados del norte del país, por lo que señaló que es primordial tomar acciones concretas.
En esa línea, anunció que ya se ha lanzado la convocatoria para incorporar al INPE a 500 personas como agentes penitenciarios y personal de apoyo profesional, quienes –tras una intensa capacitación– podrán incorporarse a la institución penitenciaria.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 9/4/2026