El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, señaló que las medidas planteadas por el Ejecutivo en el marco del pedido de facultades legislativas en materia de seguridad permitirán optimizar la respuesta del Estado frente al delito.
Fue durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso las propuestas del Ejecutivo, donde junto al jefe del Gabinete,
Ernesto Álvarez Miranda, y otros ministros de Estado
sustentan el pedido de facultades para legislar en materia penal, penitenciaria y de lucha contra la extorsión.
El titular del sector explicó que las medidas planteadas “están diseñadas para generar un impacto directo en la seguridad y la justicia del país”.
Al pasar a la primera diapositiva, precisó que esta se refería al fortalecimiento de la investigación criminal y la lucha contra la extorsión. “Una de nuestras prioridades (…) es fortalecer las medidas contra el delito de la extorsión”, afirmó.
Martínez advirtió que “actualmente el Código Penal no reconoce expresamente a la inteligencia criminal como una fase preprocesal legítima”, por lo que se propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal “para regular la inteligencia criminal como fase preprocesal”.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo busca afianzar el uso de la acción típica del delito de tenencia ilegal de armas. “Nos enfrentamos a un incremento del uso de armas de fuego en los hechos delictivos. Existe evidencia de que las armas incautadas reaparecen en el mercado ilícito (…) vuelven a ser usadas en hechos delictivos”, advirtió.
Por ello, anunció que se plantea modificar el Código Penal “a fin de sancionar la tenencia ilegal de armas de fuego, incluso cuando estas se encuentran inoperativas”.
En la misma línea, explicó que se propone modificar la Ley 3299 “con el propósito de evitar que las armas incautadas reingresen a los mercados ilícitos, incorporando la supervisión del Ministerio Público en el traslado a los depósitos de la Sucamec y en reducir también el plazo para su expulsión de tres a un año”.
El ministro destacó que “esto es crucial para la seguridad ciudadana (…) estamos con esta medida desarmando a la delincuencia”.
Respecto al fraude vehicular, indicó que existe un aprovechamiento delictivo de vehículos siniestrados para transferir placas, chasis y componentes a unidades robadas. Frente a ello, señaló que se planea modificar el Decreto Legislativo 1214 para establecer la declaración de siniestro total. “La aseguradora debe solicitar el cierre de la partida registral por la caducidad de la placa de robo”, explicó. Añadió que el cambio “exigirá un peritaje de identificación vehicular para denuncias por robo de placa”.
Según explicó, esta medida permitirá evitar la circulación de vehículos con placas o chasis reutilizados ilícitamente.
Al abordar el cumplimiento de medidas limitativas, el ministro sostuvo que “existe actualmente un bajo nivel de cumplimiento de las penas limitativas de derechos, es un problema grave” y recordó que “un 70% de la población extramuros no acata este tipo de sentencias”.
Martínez explicó que se plantea modificar el Decreto Legislativo 1191 para incorporar automáticamente a los gobiernos locales y regionales como unidades beneficiarias. “Lo que buscamos es (…) que esta población extramuros pueda cumplir con estas penas limitativas. Así también vamos a reducir la jornada semanal de 10 a 8 horas”, indicó.
Asimismo, señaló que “no solo la supervisión, sino también (…) la notificación y el seguimiento simple” serán agilizados con esta reforma.
El ministro también afirmó que “la demora, la dilación en la revisión de los dispositivos electrónicos hallados en flagrancia (…) obstaculiza de alguna manera la obtención de la evidencia”, por lo que se propone autorizar al Ministerio Público y a la Policía Nacional la revisión inmediata de equipos incautados en delitos de extorsión.
Sobre justicia penal juvenil, sostuvo que “la lentitud del sistema de justicia penal es notoria, en especial en el caso de la justicia penal juvenil”, y planteó que los juzgados unipersonales reemplacen a los colegiados para “obtener mayor celeridad y eficacia”.
Martínez advirtió además que “las comunicaciones ilegales facilitan los delitos de extorsión desde los penales” y anunció una propuesta para incorporar un tipo penal autónomo que sancione la instalación u operación de redes clandestinas. “Esto se va a ampliar (…) hacia 2 o 3 km más allá de ese campo”, precisó.
En cuanto al control de internos peligrosos, señaló que el hacinamiento “exige un fortalecimiento, un endurecimiento del régimen carcelario”. Por ello, se plantea crear la etapa de extrema seguridad sin posibilidad de progresión y establecer la clasificación automática para delitos de violencia extrema.
El titular de Justicia indicó que el delito de extorsión “no está considerado expresamente en el catálogo (…) que permite el levantamiento del secreto de las comunicaciones en 24 horas”, por lo que propone incorporarlo para agilizar investigaciones y acceder con rapidez a geolocalización y llamadas.
También anunció la creación de un subsistema especializado contra la extorsión. “Vamos a generar celeridad de las investigaciones (…) y un incremento de sentencias condenatorias”, afirmó.
Respecto al trabajo penitenciario, señaló que se ampliará el programa Cárceles Productivas. “Esto permitirá otorgar la posibilidad de trabajo a quienes verdaderamente tengan una vocación de cambio (…) y definir mejor la labor productiva que van a desarrollar”, dijo. Además, propuso el “externamiento productivo” para internos por delitos no graves.
El ministro agregó que “proponemos (…) incorporar el delito 26A en la Ley 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la Policía Nacional del Perú”, en el marco de estados de emergencia.
En materia institucional, anunció la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). “Miles de ciudadanos actualmente tienen un acceso limitado a la justicia”, recordó, y sostuvo que la meta será llegar a “14 defensores públicos por cada 10 000 personas en situación de pobreza”.
Asimismo, planteó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que absorberá al INPE y Pronacej, para implementar una estructura penitenciaria moderna y eficiente.
Al finalizar, Martínez indicó: “Estas son las herramientas legales e institucionales que solicitamos delegar para dar una lucha frontal en la seguridad que la seguridad ciudadana requiere”.
(FIN) KCO/CVC
Publicado: 24/11/2025