En la LXIII Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados, desarrollada en Paraguay, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, expuso los avances del Perú en la gestión de la política penitenciaria que busca reforzar el control de los penales en el país.
El titular del sector Justicia explicó que, ante una sobrepoblación carcelaria que supera en más del 150 % la capacidad de los penales,
el Gobierno impulsa la construcción de nuevos centros de reclusión y ejecuta el
Plan Nacional de Deshacinamiento mediante medidas administrativas que agilizan el egreso de internos que califican para beneficios penitenciarios.
Remarcó que este plan se aplica para internos con delitos de menor peligrosidad a fin que se les imponga una medida alternativa. “Quedan en las prisiones con los que son realmente peligrosos y los que representan una amenaza para la seguridad de la población”, subrayó.
En ese sentido, el ministro Jiménez indicó que se lleva a cabo una incidencia especial en el caso de las internas con delitos leves, se coordinan traslados entre centros y se capacita a los operadores penitenciarios.
Añadió que estas acciones se complementan con la campaña “
Justicia móvil – Defensa sin barreras” que se ejecuta en todo el país y mediante el cual los defensores públicos atienden en los centros penitenciarios y a los ciudadanos que no cuentan con la capacidad de acceder a un abogado.
Por otra parte, el titular del sector remarcó que se trabaja en programas de reinserción social como Cárceles Productivas que ha beneficiado a más de 20 mil personas y “mediante el cual muchos de los internos tienen la capacidad de, a través de un emprendimiento, hacer empresa, ya sea carpintería, artesanía, metalurgia, textilería, panadería, y salen de la prisión con una empresa con la cual luego le dan trabajo a los internos que conocieron en los penales”.
También el ministro Jiménez subrayó que dentro de la política se encuentran medidas restrictivas como el traslado de internos de alta peligrosidad al penal de máxima seguridad y la próxima implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos.
“Estamos creando fiscalías, juzgados y policía especializada únicamente en tratar delitos de extorsión y sicariato, que es hoy en día el principal problema que tiene nuestro país en cuanto a criminalidad. Se tomó la decisión este Gobierno de iniciar con este subsistema que ya va a ser implementado a partir del mes de julio”, aseveró.
Ante sus homólogos de la región, el ministro Jiménez remarcó que la criminalidad organizada amerita una respuesta coordinada y una respuesta integral por parte de los Estados.
“Tenemos retos comunes, el crimen organizado, la crisis de los sistemas penitenciarios, la necesidad de promover una efectiva y eficiente rehabilitación social y rehabilitación en los casos que corresponda, y asegurar un acceso a la justicia”, puntualizó.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 29/5/2026