Por Flor HuilcaEl Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano, sostuvo que la Comisión de Reforma de la Justicia busca abordar, entre otros temas, la capacitación de jueces, la provisionalidad y los procesos largos en aras de mejorar los servicios a la ciudadanía. Además, destacó que dicho grupo técnico cuenta con la participación de todos los organismos involucrados en el sistema.
¿Cómo va el avance de la Comisión que tiene a su cargo la reforma del sistema de justicia?
–Existe una Comisión de Reforma de la Justicia que no se ha creado en este gobierno, sino el 2019 y está integrada por la Presidencia de la República, la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, es decir, todos aquellos organismos que tiene que ver con la administración de justicia.
¿Cuál es el propósito de esta Comisión?
–Precisamente hacer una reforma estructural de la justicia.
Eso no pasa por mejorar códigos, procedimientos, sino por hacer una reforma estructural. Nadie puede negar que la justicia tiene una serie de defectos. Esta Comisión, que ha sido reactivada durante este gobierno, se abocará a temas importantes como la mejora de la capacitación de los jueces, la modernización de la justicia, la interoperabilidad, la mejora de la educación entre los estudiantes universitarios, una lucha frontal contra la corrupción.
Una preocupación con la reforma es que pueda tener injerencia en organismos autónomos, ¿se garantiza que eso no va a ocurrir?
–Se podría tener esa sospecha si la Comisión solo estuviera integrada por el Ejecutivo o por el Legislativo. Acá intervienen los titulares de todos los organismos que tienen que ver con la reforma de la justicia, porque es una necesidad para el país mejorar la administración de justicia, evitar que los procesos demoren tanto, que las personas no vean amparadas sus pretensiones, acabar con la provisionalidad, ver que la formación de los abogados sea la mejor, porque esto también incide mucho en los problemas que tiene la justicia y su carga procesal.
¿Esta Comisión tendrá resultados antes de que culmine la gestión, queda cerca de un año?
–Eso es lo que esperamos. El problema es que muchas veces los titulares de los demás organismos, quienes haciendo uso no sé si adecuado de su autonomía, pretenden a veces jalar agua para su molino.
¿Para la provisionalidad, que es un problema importante, que significará la reforma?
–Tiene que haber una política decidida para poder reducir la provisionalidad, ahí sí es importante el tema presupuestal para cubrir las plazas que se tienen. Si solamente nos limitamos a decir vamos a cubrir la cantidad de jueces y no mejoramos los otros aspectos de la justicia, no tendría un resultado positivo.
Respecto al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender el trámite de la Ley de Amnistía, ¿cuál es la posición del Ejecutivo para seguir con el proceso?
–Nuestra posición ha sido muy clara, la Corte no nos puede pedir que dejemos de hacer lo que la ley y la Constitución nos obliga. El Legislativo tiene como función principal, entre otras, emitir leyes. Ya se aprobó este proyecto, que debe ser remitido al Ejecutivo para que los diversos sectores puedan evaluar. Ese proceso está en marcha. La Corte no nos puede decir paren este proceso porque es una cuestión que le corresponde netamente al Perú. Aceptar esto sería aceptar una injerencia en nuestra soberanía.
¿La Corte tiene facultades para pedir la suspensión?
–Desde nuestro punto de vista, no. Es una cuestión injerencista que no podemos permitir. Si ellos nos van a decir qué leyes podemos dar o qué leyes no podemos dar, prácticamente el Poder Judicial no tendría necesidad de existir en el país. Las propias normas de la Corte dicen que para llegar a esa instancia tenemos que agotar las vías internas.
¿Cuándo se tendría definido si se va a promulgar o no la ley?
–El Ejecutivo tiene hasta el 15 de agosto para pronunciarse respecto a la pertinencia de la norma, observarla o promulgarla, pero hay que tener en cuenta que son varios sectores los que intervienen. Estamos en ese proceso de consulta.
Nosotros mismos estamos en proceso de evaluación técnico-jurídica. La opinión que saquemos va a estar estrictamente respaldada en esa evaluación técnico-jurídica.
¿El Estado asistirá a la audiencia convocada por la Corte? ¿Cuál es la posición que llevarán?
–Sí, por supuesto. Somos respetuosos de la jurisdicción de la Corte siempre y cuando se ajuste a su propio procedimiento. La Corte ha convocado una audiencia para el 21 de agosto y nosotros, respetuosos de esta jurisdicción, vamos a acudir a señalar los argumentos que estoy precisando.
Vinculado a la Corte está la evaluación de un retiro del Perú de este organismo, ¿cuánto ha avanzado en el análisis?
–No es una decisión fácil porque hay que ver diferentes criterios legales, convencionales, constitucionales. No podemos decir que va a ser mañana, que va a ser el próximo mes. Es también un proceso que se está desarrollando entre el propio Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Nunca se ofreció que nos íbamos a salir de la Corte, se evalúa la pertinencia de quedarse o no, y en ese proceso estamos. Esperamos que se concluya durante el mandato de la señora presidenta.
–Las acciones se vienen tomando desde mucho tiempo atrás. Hemos emitido una serie de normas que iban hacia el deshacinamiento de los penales en la parte normativa, pero en la parte de infraestructura hemos logrado destrabar varios proyectos que estaban trabados desde hace muchos años.
¿De qué proyectos hablamos?
–Lo más cercano es Pucallpa, Arequipa, Ica, esto nos dará una capacidad de albergue de aproximadamente 3,000 internos. A ello tendríamos que sumarle el inicio de obra del penal de Abancay; el megapenal de Ica, que nos dará 3,200 unidades más, y el megapenal que estará ubicado inicialmente en Huacho, con 16,000 unidades de albergue. Otro penal, de 10,000 unidades de albergue, estará en Quiruvilca, en La Libertad, hace un mes el gobierno regional nos entregó el terreno, será para internos de alta peligrosidad.
Hay una inversión muy importante que no lo han hecho otros gobiernos, es inédito en la historia del Perú.
¿Todos esos penales estarán listos antes de que culmine el plazo del TC?
–Sí, definitivamente. Los penales de Pucallpa y Arequipa se planean construir por etapas. Para junio del 2026, es decir, antes de la culminación del periodo de la señora presidenta, entregaremos 1,200 unidades en Pucallpa y 970 en Arequipa. En los megapenales necesitamos iniciar la ejecución del expediente. Podemos de repente establecer algún convenio con algún gobierno extranjero para hacer una obra de gobierno a gobierno y esto nos permitiría también reducir los plazos.
Extinción de dominio
El TC ha emitido su fallo respecto a la Ley de Extinción de Dominio, ¿qué opinión tiene el Ejecutivo?
–Consideramos que la norma estaba bien dada, que era un instrumento fundamental, potente para la lucha contra la criminalidad organizada. No considerábamos que tenía que modificarse, pero sí que había algunos excesos que no se podían atribuir a la norma, sino a la aplicación de los operadores jurídicos. El plan era elaborar protocolos para una correcta aplicación de la norma.
Sin embargo, el TC ya se ha pronunciado.
¿Las modificaciones planteadas garantizan que se pueda seguir enfrentando la criminalidad?
–Esperemos que los jueces y fiscales del país tengan la suficiente capacidad para aplicar correctamente la norma y evitar que las organizaciones criminales puedan sustraer su patrimonio y puedan hacer un uso ilícito del mismo.
¿El Ministerio de Justicia tiene alguna competencia en la implementación de este fallo?
–No, no existe ninguna participación nuestra. Hemos hecho un análisis jurídico de los alcances de la norma y, como le digo, seguimos considerando que no necesitaba ninguna modificación, pero repito, ya el Tribunal Constitucional se pronunció y solamente nos queda acatar lo que ellos han dicho.
(FIN) DOP/FHG
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Publicado: 4/8/2025