El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un nuevo Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, con el objetivo central de revisar de manera integral la normativa vigente en materia de criminalidad y formular propuestas legislativas para actualizar y fortalecer este marco legal.
A través de la
Resolución Ministerial N° 311-2026-JUS, publicada este domingo en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que, con esta disposición, el Poder Ejecutivo busca
optimizar las labores de prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, contribuyendo a una respuesta estatal más eficaz frente al fenómeno delictivo.
La instancia de trabajo estará presidida por el Viceministro de Justicia y contará con la participación del Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el Director General de Asuntos Criminológicos.
Todos los integrantes y posibles invitados de las instituciones públicas o privadas, así como especialistas del ámbito académico, ejercerán sus funciones de forma ad honorem, precisa la norma.
Entre las funciones específicas asignadas, el equipo deberá realizar una revisión exhaustiva de las modificaciones normativas previas en materia penal, canalizar y consolidar los aportes de la academia y de la sociedad civil, y elaborar los proyectos de ley que correspondan.
Con el fin de monitorear el progreso de estas tareas, el grupo presentará reportes mensuales de avance directamente al ministro.
Al término de su vigencia, la Secretaría Técnica -bajo la responsabilidad de la Dirección General de Asuntos Criminológicos- remitirá un informe final al Despacho Ministerial que incluirá el diagnóstico y los borradores de proyectos normativos con sus respectivas exposiciones de motivos.
El grupo iniciará formalmente sus actividades con una instalación prevista dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación oficial de la resolución, y sus sesiones se podrán desarrollar tanto de forma presencial como virtual.
Su periodo inicial de vigencia será de 30 días hábiles, con opción a prórrogas por periodos similares o inferiores según los avances del cumplimiento de sus metas.
Finalmente, la norma precisa que la implementación y el funcionamiento de este grupo de trabajo se financiarán exclusivamente con el presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar ningún recurso adicional al Tesoro Público.
La resolución lleva la rúbrica del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.
(FIN) RAI/HTC
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Publicado: 23/8/2026