La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) requiere una arquitectura de incentivos que combine financiamiento, soporte técnico y una infraestructura estatal eficiente, afirmó el director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad en la Universidad del Pacífico, Carlos Casas.
Aseguró que la situación de la MAPE en el Perú exige una transformación profunda, pues el sector encierra un potencial de desarrollo que, bajo una estrategia adecuada, puede transitar hacia la legalidad para beneficio de las zonas donde opera.
Advierte que la formalización no debe entenderse como un proceso meramente normativo, sino como la creación de un sistema que facilite la productividad y el bienestar.
La propuesta central de Casas plantea que el Estado debe dejar de dar la espalda al productor en proceso de formalización, implementando mecanismos que reduzcan el alto riesgo percibido por la banca comercial.
Fondos de garantía
En este sentido, sugiere activar fondos de garantía estatales, similares a los aplicados en otros programas de reactivación económica, para permitir el acceso a capital de trabajo que el minero necesita para modernizar sus procesos.
La visión del especialista sobre el fondo minero es la de una herramienta estratégica para proveer servicios de prospección, gestión gerencial, asesoría legal y técnica, los cuales son actualmente escasos en las zonas rurales por factores de inseguridad y falta de mercado.
El experto subraya que este fondo no debe funcionar como un subsidio permanente, sino como un impulso inicial que permita al pequeño productor elevar sus estándares, generar excedentes y, eventualmente, pagar por servicios profesionales que dinamicen la economía regional.
Simplificación
De igual forma, Casas propone un régimen tributario simplificado, diseñado específicamente para la realidad de la MAPE, lo que permitiría una recaudación inmediata que el Estado debería reinvertir obligatoriamente en infraestructura básica, como energía, carreteras y puertos, reduciendo así los costos logísticos que actualmente limitan la competitividad.
Esta transformación es fundamental para separar el polvo de la paja, pues Casas insiste en que la minería ilegal debe erradicarse mediante una labor de inteligencia y voluntad política, ya que su naturaleza depredadora es incompatible con el desarrollo nacional.
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Mientras la ilegalidad destruye el tejido social y ambiental, la formalización abre una puerta para que el minero acceda a mejores precios en mercados internacionales, respetando los derechos humanos y eliminando prácticas como la trata de personas y el trabajo infantil, las cuales persisten en zonas como Madre de Dios.
El experto destaca que, si bien existen zonas donde la minería artesanal genera ingresos en el corto plazo, la falta de infraestructura educativa, de salud y de comunicaciones impide una prosperidad duradera. Casas enfatiza que la bonanza actual, impulsada por los altos precios internacionales del oro, es una ventana de oportunidad que se está desperdiciando al no reinvertir en el bienestar de la población local, dejando terrenos devastados que no podrán albergar otras actividades económicas en el futuro.
En última instancia, la propuesta busca que el Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil actúen de manera coordinada para que la MAPE deje de ser una actividad de subsistencia y se convierta en un eslabón eficiente, trazable y responsable dentro de la economía peruana.
La apuesta es integrar a estos productores a un mercado en el cual la formalidad les permita mayor seguridad jurídica, mejores condiciones comerciales y una convivencia armoniosa con el entorno, cerrando las brechas de infraestructura que hoy afectan tanto a la pequeña como a la gran minería por igual.
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(FIN) WWR/JJN
Publicado: 12/3/2026