Pobladores del distrito de Belén, en la ciudad de Iquitos, saludaron el fallo del Tribunal Constitucional, que si bien ratificó que la zona baja es un área de muy alto riesgo debido a las constantes inundaciones del río Itaya; sin embargo, estableció que la reubicación de sus habitantes deberá mantenerse bajo el principio de voluntariedad y respetando plenamente sus derechos fundamentales.
La decisión del Tribunal Constitucional fue adoptada mediante la sentencia del
Expediente N° 00018-2023-PI/TC, que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley N° 31232, norma que modificó la Ley N° 30291 para establecer que el reasentamiento de la población beneficiaria no podrá realizarse de manera obligatoria.
En la resolución, el máximo intérprete de la Constitución reconoce que la
Zona Baja de Belén sigue siendo un área inhabitable por el riesgo permanente que representan las inundaciones estacionales. No obstante, precisa que esa
condición no autoriza al Estado a ejecutar desalojos forzosos, sino que lo obliga a desarrollar políticas públicas que permitan un traslado progresivo y respetuoso de los derechos humanos.
El Tribunal Constitucional enfatiza que el derecho a una vivienda adecuada no consiste únicamente en la entrega de un inmueble, sino que comprende el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, energía eléctrica, infraestructura vial, establecimientos de salud, instituciones educativas y condiciones que garanticen una vida digna para las familias reubicadas.
Asimismo, la sentencia recuerda que el proyecto de reasentamiento en Varillalito aún se encuentra en proceso de implementación por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mientras dichas obras no concluyan, el Estado mantiene la obligación de adoptar medidas de protección para las familias que permanecen en la Zona Baja de Belén.
Tras conocerse el fallo, dirigentes vecinales expresaron su respaldo a la decisión del Tribunal Constitucional al considerar que reconoce una demanda histórica de la población. Artidoro Chuña Torres, dirigente vecinal de la Zona Baja de Belén, sostuvo que durante años la falta de inversiones públicas afectó el desarrollo del sector y limitó el acceso de miles de familias a mejores condiciones de vida.
Por su parte, Luis Zaspajo, secretario general del asentamiento humano Pueblo Libre, recordó que los vecinos expusieron ante el Ministerio de Vivienda las deficiencias registradas en anteriores procesos de reasentamiento, como el desarrollado en Varillalito, y señaló que cualquier nuevo traslado debe garantizar desde el inicio viviendas adecuadas, servicios públicos, infraestructura y oportunidades para mantener las actividades económicas de la población.
Los representantes vecinales señalaron que no rechazan un eventual reasentamiento, siempre que este sea planificado, participativo y asegure condiciones dignas para las familias. Además, recordaron que la Zona Baja de Belén constituye uno de los espacios más emblemáticos de Iquitos por su importancia histórica, cultural, comercial y turística, por lo que cualquier decisión debe considerar el arraigo social de sus habitantes.
Con este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional fija el marco legal que orientará el futuro proceso de reubicación de la Zona Baja de Belén, buscando equilibrar la necesidad de proteger a la población frente al riesgo permanente de inundaciones con la obligación del Estado de garantizar una vivienda adecuada y el respeto de los derechos fundamentales de miles de familias loretanas.
Publicado: 16/7/2026