La iniciativa de Mauricio Mulder, de prohibir la publicidad estatal en medios privados, es “abiertamente inconstitucional” porque afecta la libertad de expresión y el derecho ciudadano de acceso a la información, sostuvo hoy el constitucionalista César Landa.
Explicó que, sin la publicidad en los medios privados, el Estado solo podría difundir sus obras y acciones a través de los medios de comunicación estatales, cuyo alcance es limitado; o por medio de las redes sociales, aún ausentes en las zonas alejadas que carecen de acceso a internet.
“El poder del Estado emana del pueblo, y el pueblo tiene que saber qué hacen sus autoridades, pero si esta
ley limita al Estado y restringe que el pueblo conozca lo que realiza, es una forma de 'cercenar' al Estado
la posibilidad de informar a quien le ha otorgado el poder”, subrayó.
Para César Landa, ex magistrado del Tribunal Constitucional, aprobar esta iniciativa de ley sería un acto discriminatorio y vulneraría el derecho de las poblaciones que viven en las zonas más alejadas de la tecnología.
Además, comentó que los medios escritos subsisten en gran medida con los ingresos que perciben por concepto de publicidad estatal y privada, más que por las ventas de su producto, de manera que esta norma podría poner en peligro la sostenibilidad económica de los diarios y revistas.
“Pienso que la ‘ley Mulder’ es una ley abiertamente inconstitucional porque no solo afecta el acceso a la información del público, sino que limita la libertad de expresión de los medios, poniéndolos en una situación eventual de riesgo financiero”, declaró el letrado a la Agencia Andina.
En ese sentido,
César Landa consideró saludable que esta iniciativa
no haya sido aprobada por insistencia del Congreso, y más bien fuera enviada para su debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, luego de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.
“En buena hora esta ley ha sido observada por el Poder Ejecutivo y ha regresado al Congreso para buscar un consenso sobre lo que es la publicidad estatal, cuando los ciudadanos son, en estos casos, los receptores de la información del Estado”, indicó el abogado constitucionalista.
Para el experto, este proyecto de ley, aprobado en febrero por la Comisión Permanente, también debería ser debatido en el ámbito la Comisión de Constitución y Reglamento, por tratarse de un tema vinculado a las libertades de expresión y de acceso a la información pública.
Este debate, añadió, debería recoger de forma democrática los aportes y opiniones de especialistas y entendidos en la materia, así como la voz de la propia sociedad civil.
(FIN) MVF/CCR
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Publicado: 4/4/2018