Las mayores garantías para las víctimas de violencia, como el impedimento del agresor de acercarse a ella, ofrece la Ley 30364, promulgada recientemente y que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y contra el entorno familiar de estas, subrayó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita.
Según señaló en una entrevista publicada hoy en el diario oficial El Peruano, uno de los puntos que constituye un gran aporte a la normativa es que existe una respuesta inmediata a las denuncias que se realizan, pues ahora la Policía contará con 24 horas para enviar la documentación ante el Juzgado de Familia correspondiente.
Además, la ley contempla plazos muy cortos para realizar las investigaciones, de modo que el juzgado que recibe la denuncia tiene 72 horas para dictar una medida de protección. Asimismo, los funcionarios que incumplan con estos plazos recibirán diversas sanciones.
Sin embargo, señaló la ministra, para que estas medidas sean efectivas. las instituciones deben adecuarse a la normativa. De igual manera, el personal especializado también será capacitado porque lo que se busca es promover la celeridad en estos casos.
Huaita agregó que si bien en la anterior ley se consideraba el retiro del agresor del domicilio, a esto se le sumará el impedimento de proximidad hacia la víctima, prohibición de comunicación con la agraviada y del derecho de tenencia, entre otros.
Asimismo, la norma prevé que se cree una comisión multisectorial para discutir cómo será reglamentada e implementada, con el fin de considerar los instrumentos utilizados en otros países para hacer más eficaces las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia.
Estos son, dijo, el botón de emergencia en los teléfonos para las mujeres que están con medidas de protección y que tienen que pedir ayuda porque su agresor se está acercando, así como los grilletes electrónicos para los agresores.
Igualmente, se considerará la creación de una comisión especial para preparar el Plan de Adecuación del Sistema de Justicia al Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las Mujeres, presidida por el Ministerio de la Mujer y conformado por los sectores de Justicia, Interior y Economía, así como el Poder Judicial y Ministerio Público.
El plazo para la formulación del plan será de 60 días hábiles, mientras que la ley también contemplará la adecuación y reglamentación para la implementación de todo lo que se refiere a su difusión en medios de comunicación.
Cabe resaltar que los informes psicológicos emitidos por los centros de emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional y los que otorguen otros servicios especializados tendrán carácter probatorio ante un proceso judicial. Asimismo, los certificados expedidos por centros de salud física y mental, así como centros de salud parroquiales y privados autorizados por el MINSA también serán válidos.
Finalmente, la titular del MIMP remarcó que la norma establece el derecho de las víctima a ser protegidas en el ámbito laboral, de modo que no podrán ser expulsadas de sus trabajos ni de sus centros de estudios por causas relacionadas con actos de violencia familiar.
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