El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, aseguró hoy que la ley de amnistía promulgada por el Ejecutivo cierra una brecha de injusticia en el país contra personas que participaron en la lucha contra el terrorismo.
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Consideramos que con esto se cierra una brecha de injusticia que se ha estado dando en el país. Las organizaciones tienen todo el derecho de expresar sus opiniones, pero el Estado peruano también tiene la obligación de cerrar estas brechas y es lo que ha hecho la señora Presidenta con todo el coraje y toda la determinación que hemos podido apreciar”, refirió.
En declaraciones a TV Perú, Alcántara sostuvo que la norma beneficia a las personas que han estado procesadas por acciones ocurridas en 1980-2000, con casi 45 y 25 años de proceso sin que se emita una sentencia.
“Eso significa una grave violación a la dignidad de las personas y una grave violación a una garantía que la propia corte internacional ha señalado y que nuestro Tribunal Constitucional ha recogido en el sentido del plazo razonable. Una persona no puede ser perseguida de por vida, no puede estar bajo sospecha de por vida”, refirió.
El segundo aspecto de la norma, según dijo, tiene un componente más humanitario. Beneficia a aquellas personas que, habiendo recibido una sentencia y que han cumplido 70 años, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“Hemos visto casos de personas que se encuentran privadas de su libertad y que están en deplorables condiciones, han sufrido enfermedades, han tenido que sufrir amputaciones de algunos miembros, han perdido la vista. Una persona no puede estar en estas condiciones”, afirmó.
Mil beneficiarios
Precisó que quienes deseen acogerse a la ley de amnistía deben formular su pedido caso por caso a un juez competente, quien determinará si la personas que estaban de detenida puedan salir o no en libertad.
Dijo que un cálculo preliminar señala que serán aproximadamente 1,000 personas las que podrían beneficiarse con esta norma.
En cuanto a los cuestionamientos de que la ley otorga impunidad a quienes violaron los derechos humanos, Alcántara refirió que no significa la impunidad, “sino, por el contrario, es una norma de justicia”, porque como Estado respetuoso de los derechos humanos no se pueden permitir persecuciones interminables.
“Esto demuestra una enorme falla de nuestro sistema judicial. Si no han podido establecer responsabilidades en persecuciones de 25 o 40 años, entonces es imposible que se continúe con esto”, afirmó.
Precisó que quienes se sientan afectados por su emisión pueden interponer los recursos que el ordenamiento peruano les otorga y recién allí la corte podría intervenir.
“Nosotros todavía somos parte integrante de la corte y, por tanto, estamos sujetos a las disposiciones que ella dé en ese sentido”, dijo.
(FIN) FHG/JCC
GRM
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Publicado: 14/8/2025