Lee aquí el discurso completo del premier Luis Galarreta

Señor presidente de la Cámara de Diputados,

Honorables miembros de la Cámara Diputados del Congreso de la República,

Compatriotas:

Hoy, ante el primer Congreso bicameral de esta nueva etapa constitucional, y en representación del Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, vengo junto al Gabinete Ministerial que presido a presentar la Política General de Gobierno 2026-2031.

He tenido el honor de ocupar estos escaños y de presidir el Congreso de la República. Desde entonces me hacía la misma reflexión que hoy quiero compartir: han pasado más de 200 años desde el nacimiento de las nuevas repúblicas en casi toda la región. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos de lo que han logrado otras naciones libres, soberanas e independientes?

Durante años hemos visto países que han logrado mejorar de manera sostenida sus principales indicadores. No solo los macroeconómicos, que, por supuesto son muy importantes, sino también aquellos relacionados con la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos. Lo han hecho en democracia y libertad, con reglas previsibles para todos, especialmente para promover la inversión, generar empleo formal y agregar valor a sus recursos naturales; apostando por la industria, fortaleciendo un Estado con presencia oportuna y capacidad de respuesta. Eso es muy distinto del populismo fácil: no se trata de prometer más, sino de construir un Estado que funcione y genere oportunidades.

Por eso honorables Diputados, nuestra presencia es con pleno respeto a la Constitución, a la separación de poderes y a la democracia, pero también más allá de lo estipulado en las normas, venimos por convicción y con ánimo de iniciar una etapa nueva, pues este momento exige algo más que cumplir una obligación: exige asumir responsabilidades y estar a la altura de lo que los peruanos reclaman.

Fuera de este hemiciclo, el país espera respuestas. Espera seguridad, protección frente a los fenómenos naturales, atención en salud, empleo, inversión y servicios públicos que funcionen. Espera un Estado que esté presente, que llegue a tiempo y que cumpla con su deber. Ese es el mandato que hemos recibido y ese es el compromiso que hoy venimos a asumir ante la representación nacional. Pero, además, estoy seguro de que, independientemente de la región o de la bancada que representen, ustedes coincidirán con los ministros en la gran mayoría de las medidas que el país necesita. Esas medidas tenemos que llevarlas adelante, y las vamos a llevar adelante. Lo ideal, por supuesto, es que podamos hacerlo juntos.

Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias. Un Estado que muchas veces dilata las decisiones mientras el crimen avanza, y que reacciona tarde cuando los fenómenos naturales golpean a nuestras comunidades. Pero sí llega temprano para multarte, para cerrar tu pequeño negocio, para poner trabas a tu emprendimiento o exigirte requisitos absurdos. El Estado sí llega a tiempo para complicarle la vida al ciudadano, al padre o madre de familia que todos los días tiene que enfrentar una burocracia que debería estar para servir, no para obstaculizar.

Y hay que decirlo sin rodeos: el Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción.

Y esto no es una percepción: está en los almacenes, en las cuentas del Estado y, sobre todo, en la vida diaria de los peruanos. Hemos encontrado insumos guardados durante años, gastos y órdenes de servicio que exigen explicación, y miles de kits de uniformes que permanecían sin distribuir. Recursos que debieron convertirse en soluciones y que, por negligencia o inacción, terminaron acumulándose mientras los peruanos seguían esperando.

Ese es el Estado que hemos recibido y esa es la realidad que venimos a cambiar. La ciudadanía no espera un Gobierno que esconda los problemas, sino uno que los enfrente, que ponga orden y actúe. Por eso, venimos a plantear qué vamos a hacer para corregirlo y hacia dónde vamos a conducir al país.

La Política General de Gobierno 2026-2031 se organiza en cinco ejes que expresan las prioridades de esta nueva etapa:

1. Reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

2. Reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.

3. Fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida.

4. Elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio.

5. Consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.

Dentro de estos ejes hay lineamientos y acciones a desarrollar y, adicionalmente, otros temas que el gobierno abordará en los próximos cinco años.

Estos ejes responden a una misma convicción: el Estado tiene que volver a funcionar para la gente. Seguridad que se sienta. Servicios que lleguen. Obras que terminen. Reglas que permitan invertir y crecer. Y un Gobierno que pueda explicar qué hizo, cuánto avanzó y qué falta por hacer.

Quiero ser claro ante la representación nacional: Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas. Viene a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas.

La inseguridad es hoy una amenaza directa contra la libertad de las personas, la tranquilidad de las familias y la economía del país. Cuando un transportista paga un cupo, cuando un comerciante cierra por miedo, cuando una familia cambia su rutina para no convertirse en víctima, el Estado está fallando en una de sus obligaciones más básicas. Este Gobierno va a recuperar la autoridad del Estado y a devolverle a la ciudadanía el derecho elemental de vivir y trabajar sin miedo.

Nuestra respuesta será firme y sostenida: más capacidad operativa, inteligencia, tecnología y presencia policial en el territorio. Vamos a concentrar el esfuerzo en los delitos que más golpean a los peruanos: extorsión, sicariato, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y economías ilegales. No vamos a permitir que las organizaciones criminales sigan avanzando mientras el Estado llega tarde.

Durante estos primeros veintidós días hemos sostenido diversas reuniones claves, lideradas por la propia presidenta de la República, con nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la DINI, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones. Esto nos ha permitido contrastar nuestras propuestas de lucha contra la criminalidad con quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las medidas de seguridad.

Hemos identificado problemas concretos: falta de decisión y liderazgo político en años anteriores, discrepancias entre instituciones sobre el tratamiento del delito, barreras legales y burocráticas que terminan generando una sensación de impunidad y procedimientos demasiado lentos para la expulsión de extranjeros que ingresan o permanecen ilegalmente en el país. Muchos de estos aspectos forman parte del pedido de facultades legislativas que estamos planteando al Congreso.

Una vez identificados estos problemas, hemos definido una estrategia y estamos tomando las decisiones necesarias para enfrentar de manera frontal esta lacra delincuencial y recuperar la tranquilidad de los peruanos.

Un porcentaje importante de los ataques vinculados a la extorsión se comete utilizando motocicletas. Por eso, intensificaremos los operativos focalizados en las zonas de mayor incidencia delictiva, utilizando mapas de calor e información de inteligencia para identificar a los responsables y golpear sus centros de operación.

También reforzaremos los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, aplicando los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo el reforzamiento del resguardo de nuestros transportistas y de las zonas más vulnerables.

Pero todas estas acciones, por necesarias que sean, no tendrán la eficacia que el país exige si no corregimos también las fallas del propio sistema de lucha contra la delincuencia y de las normas que hoy lo regulan.

Uno de los episodios más frustrantes para un policía que arriesga su vida para capturar a un delincuente es encontrárselo nuevamente en libertad pocas horas después. Esa puerta giratoria genera una sensación de impunidad que no podemos seguir tolerando. Por eso, vamos a revisar y corregir las normas que permiten que esto ocurra y eliminaremos la posibilidad de aplicar mecanismos como la terminación anticipada en los casos de delitos violentos, de acuerdo con el marco constitucional.

Al mismo tiempo, vamos a fortalecer el sistema de flagrancia, para que quien sea detenido cometiendo un delito enfrente un procedimiento rápido, eficaz y proporcional a la gravedad de los hechos. La Policía necesita saber que su esfuerzo no termina en una puerta giratoria y el ciudadano necesita saber que el delito tiene consecuencias.

De igual manera, fortaleceremos y ampliaremos progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, con la meta de llegar a quince distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva.

Asimismo, devolveremos al Sistema de Inteligencia Nacional las capacidades operativas necesarias para realizar acciones de inteligencia, dentro del marco de la ley, para anticiparnos al crimen, identificar sus estructuras y contribuir a su desarticulación.

Al intensificar las acciones de prevención, investigación y sanción del delito, también debemos resolver un problema crítico: el hacinamiento y la falta de control en nuestros establecimientos penitenciarios.

Hoy reiteramos nuestro compromiso de construir penales de alta seguridad para los internos de mayor peligrosidad. Mientras estas nuevas instalaciones se hacen realidad, se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no revistan un alto nivel de peligrosidad.

Estos internos serán trasladados desde los actuales establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno y recuperar progresivamente el principio de autoridad del Estado en las cárceles. El objetivo es claro: en los penales debe mandar el Estado, no las organizaciones criminales.

Se instalarán arcos detectores de seguridad en los establecimientos penitenciarios para reforzar los controles y evitar el ingreso de objetos y dispositivos prohibidos.

Asimismo, se ha solicitado la participación excepcional de nuestras Fuerzas Armadas en la seguridad externa y en el apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional, sin sustituir las funciones de la autoridad civil. Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria, pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exige y la Constitución lo permite.

Se bloquearán efectivamente las señales de comunicación en los establecimientos penitenciarios, para impedir que estos sean utilizados como centros de operaciones del crimen organizado. Asimismo, se endurecerá el régimen penitenciario para los internos de alta peligrosidad, incluyendo medidas de aislamiento y controles reforzados, de acuerdo con la ley. En las cárceles debe quedar claro quién manda: el Estado.

Adicionalmente a lo dicho, en la lucha contra la extorsión hemos empezado a fortalecer la División de Investigación de Extorsiones, con una inversión que supera los 19 millones de soles. A diciembre de 2026 se prevé entregar vehículos entre automóviles, camionetas y motocicletas; y en los meses siguientes incorporar drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección. Queremos una unidad especializada que no solo reciba denuncias, sino que tenga capacidad real para investigar, perseguir y desarticular a quienes han hecho de la extorsión una industria criminal.

También modernizaremos la identificación criminal. Anuncio que el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica, AFIS, será implementado en quince unidades policiales de investigación criminal y criminalística. La meta es contar con equipamiento biométrico entregado durante el 2026 y avanzar rápidamente hacia su funcionamiento.

La Policía Nacional también viene implementando un sistema de videovigilancia inteligente con herramientas de inteligencia artificial. Hacia julio de 2027 deberá encontrarse en funcionamiento para apoyar la investigación forense y la respuesta en tiempo real. No queremos tecnología para llenar informes ni para exhibir equipos. Queremos tecnología que permita identificar, ubicar, perseguir y capturar delincuentes.

De igual manera, ejecutaremos más de 50 mil operativos ordinarios y extraordinarios de seguridad penitenciaria durante el periodo de Gobierno, reforzando el control, la inteligencia penitenciaria y la incautación de teléfonos, armas, drogas y otros objetos prohibidos. Cada teléfono ilegal que se retire de un penal será una herramienta menos para extorsionar, amenazar o coordinar un delito en las calles. La cárcel debe ser un lugar donde se cumpla una condena, no una oficina desde la que se ordenan crímenes.

El control territorial también exige enfrentar las economías ilícitas. En minería ilegal que no es la artesanal ni informal, la Policía proyecta mantener un incremento sostenido con operativos en el período 2026-2031. En tráfico ilícito de drogas, se intensificarán las operaciones de interdicción y la destrucción de droga decomisada. No vamos a separar la seguridad ciudadana de las economías que financian al crimen organizado.

Nuestro principio en materia de seguridad es claro: el Estado tiene que ejercer plenamente su autoridad. Más inteligencia para anticiparnos al crimen, una Policía mejor equipada y preparada, cárceles bajo control del Estado, territorios recuperados y un marco legal que nos permita actuar con firmeza, rapidez y con resultados.

El segundo eje comienza por una decisión que ya hemos tomado: la semana pasada constituimos y ya instalamos la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, como órgano de decisión política y coordinación estratégica para enfrentar el evento 2026-2027. La integran los sectores que tienen que ejecutar: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua. No queremos un Estado que llegue cuando el daño ya está hecho. Esta Comisión debe ordenar prioridades y acelerar las acciones de preparación y respuesta en las zonas en emergencia. La prioridad es concreta: proteger la vida y la salud de las personas, sus viviendas, la infraestructura y la actividad productiva. En estos primeros días de nuestro gobierno hemos encontrado un retraso absoluto en obras de prevención del Fenómeno El Niño, geomallas abandonadas, nulo mantenimiento a carretera o caminos rurales, alcaldes que nunca tuvieron presupuesto completo para sus acciones de prevención.

La Comisión ya tiene una primera tarea de escala nacional: intervenir los puntos críticos que concentran el riesgo frente a lluvias, desbordes e inundaciones. Se han priorizado 536 puntos críticos que requieren limpieza de cauces y descolmatación. La prioridad operativa es acelerar estas intervenciones desde el norte hacia las zonas más expuestas de la costa, articulando maquinaria, presupuesto, capacidades técnicas y presencia territorial. Cada cauce limpiado a tiempo, cada quebrada atendida y cada defensa reforzada reduce el costo humano y económico de la emergencia.

En pesca, estamos impulsando una respuesta preventiva de más de 62 millones de soles para proteger la continuidad de estas actividades, mediante créditos, asistencia técnica, mantenimiento de infraestructura, fortalecimiento sanitario y servicios tecnológicos que permitan a los pescadores artesanales, acuicultores y pequeñas empresas anticiparse, resistir y recuperarse con mayor rapidez frente a una emergencia.

Nuestro Gobierno quiere que quienes viven del mar puedan seguir trabajando aun en condiciones adversas, que los mercados no se detengan y que los productos lleguen de manera segura a las familias. Adaptarnos al cambio climático también es proteger el empleo, los ingresos y la capacidad productiva de nuestras regiones.

El Sector Defensa fortalecerá sus capacidades para búsqueda y salvamento, evacuación y transporte, distribución de ayuda humanitaria, instalación de albergues, puentes aéreos y marítimos y rehabilitación de vías. Ante lluvias intensas y otros escenarios de emergencia, las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para desplegar rápidamente las capacidades logísticas que el país ya tiene, de acuerdo con las necesidades y el marco normativo. El sector privado, que ha apoyado en varias oportunidades, ya se encuentra coordinando con los Sectores su participación desde las ideas hasta las acciones, pues ellos ya cuentan con programas activos como hombro a hombro.

La preparación del país será multipeligro. En Lima Metropolitana y el Callao existe un escenario sísmico de referencia de magnitud 8.8 Mw elaborado por el Instituto Geofísico del Perú, asociado a la acumulación de energía frente a la costa central y a un posible tsunami. Ese escenario obliga a fortalecer rutas de evacuación, comunicaciones de emergencia, capacidad hospitalaria, continuidad del agua y la energía y mecanismos para restablecer rápidamente los servicios públicos esenciales.

Asimismo, fortaleceremos de manera sustantiva nuestra capacidad especializada de búsqueda y rescate urbano frente a grandes sismos y colapsos estructurales. Actualmente, el Perú solo cuenta con cuatro Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano - USAR- dos del Ejército del Perú, uno de la Marina de Guerra y uno de la Fuerza Aérea. Nuestro objetivo es ampliar progresivamente esta capacidad durante el quinquenio, de manera que al término del segundo año contemos con 8 Grupos USAR duplicando nuestra capacidad y, al término del periodo de Gobierno, el Perú cuente con 16 Grupos USAR, cuadriplicando nuestra capacidad especializada de búsqueda y rescate ante desastres de gran magnitud.

En las ciudades, pondremos en marcha el Plan Nacional de Drenaje Pluvial, DRENA+, para ordenar las inversiones y reducir la exposición frente a lluvias e inundaciones. Al 2031, las obras previstas en Cusco, Zarumilla y Puerto Maldonado permitirían proteger un área de aporte efectiva de 2,290 hectáreas y beneficiar a más de 395 mil ciudadanos. El drenaje no es una obra visible todos los días, pero cuando llega una lluvia extrema puede ser la diferencia entre una ciudad que sigue funcionando y una ciudad paralizada.

Lo ocurrido este fin de semana en Lima Sur confirma que la gestión del agua de lluvia ya es una necesidad urbana inmediata. Las precipitaciones del 16 de agosto generaron aniegos, afectaron viviendas y vías y pusieron bajo presión los sistemas de alcantarillado en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Esta experiencia debe acelerar la identificación de puntos de acumulación, la limpieza preventiva, el mantenimiento de drenajes y la coordinación entre municipios, empresas prestadoras y sectores del Gobierno Nacional. Lima también tiene que prepararse para lluvias más intensas.

El DRENA+ será la base para ordenar esa respuesta urbana en el mediano plazo, pero la preparación inmediata se apoyará también en intervenciones de mantenimiento, limpieza, descolmatación y reducción del riesgo en los puntos críticos. La meta es proteger viviendas, mercados, colegios, centros de salud, vías de transporte y servicios básicos para que una lluvia intensa no interrumpa la vida de una ciudad entera.

También utilizaremos el empleo temporal como una herramienta de prevención. Llamkasun Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, proyecta generar más de 77 mil empleos temporales acumulados a julio de 2027, priorizando labores de limpieza, descolmatación, recuperación de espacios públicos, construcción y mejoramiento de defensas y otras intervenciones preventivas. Es una política con doble resultado: ingreso para familias vulnerables y comunidades mejor preparadas.

Vamos a medir la preparación con resultados concretos: capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno, tiempo de movilización de ayuda, continuidad de servicios esenciales, atención a población afectada y ejecución de intervenciones preventivas. La Comisión del Fenómeno El Niño permitirá elevar estas decisiones al nivel político necesario para destrabar coordinaciones, fijar prioridades y hacer seguimiento permanente a su cumplimiento.

Asimismo, evaluaremos el impacto económico en las zonas afectadas y, sin abandonar nuestros objetivos fiscales, adoptaremos, cuando sea necesario, medidas que permitan preservar el empleo, asegurar la liquidez y evitar que se interrumpa el ciclo económico.

Hoy ya hemos dado una primera señal en esa dirección: se ha reprogramado el pago de deuda de los maricultores de conchas de abanico de Sechura, cuya producción viene siendo afectada por el incremento de las temperaturas.

Vamos tarde en la prevención del FEN 2026-2027, y tenemos que reconocerlo. Pero será la última vez. En este Gobierno, la prevención se hará cuando corresponde, con anticipación y con responsabilidad. No más medidas de última hora cuando el riesgo ya está encima.

El tercer eje parte de una convicción clara: el Estado debe acompañar a las personas a lo largo de toda su vida. Desde la gestación y los primeros años, pasando por la escuela, la juventud y el acceso al trabajo, hasta la vejez. No queremos un Estado que llegue cuando el problema ya es irreversible, sino uno que se adelante, prevenga y llegue a tiempo, especialmente donde más se necesita.

Por eso empezamos por la primera infancia. Los primeros años definen buena parte de las oportunidades que tendrá una persona después. Nuestra prioridad será que una gestante reciba atención oportuna y que una niña o un niño tenga nutrición, salud, agua segura y acceso temprano a los servicios que necesita para desarrollarse.

A través del Fondo de Estímulo al Desempeño vamos a reconocer y financiar a los gobiernos regionales que obtengan resultados concretos en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, la prevención de la mortalidad materno neonatal, el acceso a servicios educativos y el agua segura. Para diciembre de 2026 se prevé una transferencia de hasta 75 millones de soles. El mensaje es claro: en primera infancia, el Estado tiene que invertir en resultados que cambien vidas, no en expedientes que se acumulen.

Y este mismo principio tiene que aplicarse a toda la atención en salud. Para cuidar mejor la salud de todos los peruanos, fortaleceremos nuestros establecimientos sanitarios, especialmente en las zonas que más lo necesitan.

Mejoraremos su infraestructura, equipamiento y capacidad para atender enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la anemia, y utilizaremos la tecnología para acercar los servicios a las familias. Nuestra meta es que, al 2031, más de la mitad de las Redes Integradas de Salud priorizadas estén fortalecidas y preparadas para brindar una atención más oportuna, integral y moderna. Comenzaremos con las primeras intervenciones y centros transformados durante el 2026 y 2027, construyendo una salud más cercana, preventiva y humana.

Pero fortalecer la salud también significa resolver lo que hoy está esperando. Vamos a reducir las brechas de citas médicas, medicamentos e intervenciones quirúrgicas embalsadas, tanto en el Ministerio de Salud como en EsSalud. El objetivo es concreto: menos tiempo de espera, menos pacientes postergados y una atención que responda cuando el ciudadano la necesita.

Cuando el niño llega a la escuela, la siguiente obligación es que aprenda. Queremos una educación que enseñe para la vida. Priorizaremos comprensión lectora, escritura, razonamiento matemático, educación cívica, educación financiera, herramientas digitales y formación para el empleo. Durante el 2026 se realizará el balance de la implementación del currículo y se definirá la ruta del nuevo diseño curricular; en 2027 se distribuirán oportunamente los materiales educativos y los kits escolares. El objetivo al 2031 es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica. La escuela tiene que formar ciudadanos capaces de pensar, trabajar, emprender y decidir por sí mismos.

Pero proteger a nuestros niños también significa impedir que abandonen la escuela para trabajar. Nos hemos propuesto reducir la prevalencia del trabajo infantil en 3 puntos al 2031, con especial atención al ámbito rural. Durante el 2026 actualizaremos el diagnóstico nacional y mediremos con mayor precisión el trabajo infantil peligroso; y hacia julio de 2027 avanzaremos con una nueva política multisectorial para prevenirlo y erradicar sus peores formas. Ningún niño debería tener que cambiar el aula por un trabajo que ponga en riesgo su desarrollo.

Después viene una etapa decisiva: la transición de la educación al trabajo. Para los jóvenes y para quienes necesitan una nueva oportunidad laboral, fortaleceremos la capacitación, la formación virtual y los servicios de intermediación laboral. La meta es superar las 70 mil personas atendidas a diciembre de 2026 y más de 150 mil a julio de 2027, avanzando hacia más de un millón de personas durante el período de Gobierno.

Para nuestros adultos mayores, el Estado tiene que volver a acercarse. Implementaremos progresivamente la atención domiciliaria desde el primer nivel de salud para las personas adultas mayores en situación de fragilidad, dependencia o vulnerabilidad, articulándola con telemedicina y atención especializada. Durante el 2026 se aprobará el plan de implementación y se identificarán los establecimientos priorizados; hacia julio de 2027 se iniciará su implementación en el 25 por ciento de esos establecimientos. La meta de largo plazo es beneficiar progresivamente a más de un millón de adultos mayores. Para una persona que ya no puede trasladarse con facilidad, que la atención llegue a su casa no es comodidad: es acceso efectivo a la salud.

A lo largo de todas estas etapas hay condiciones básicas que no pueden faltar. Una de ellas es el agua segura. Se proyecta instalar más de 40 mil nuevas conexiones de agua en 18 departamentos, para que más de 156 mil personas accedan por primera vez al servicio. El agua potable no es solamente infraestructura: reduce enfermedades, protege a la primera infancia y mejora la calidad de vida de toda la familia.

El cuarto eje es crecimiento. Y el crecimiento requiere confianza, inversión, productividad y reglas claras. El Perú no puede crecer de manera sostenida si una empresa siente que formalizarse la castiga, si una inversión demora años por trámites superpuestos, si la infraestructura no conecta territorios o si las reglas tributarias cambian de interpretación permanentemente.

La presidenta de la República ha planteado una orientación económica que queremos convertir en resultados: reactivar los dos grandes motores que generan ingresos para las familias, el trabajo y la empresa. Cada decisión económica del Gobierno será evaluada por su capacidad para mover esos motores y traducirse en empleo e ingresos.

En esa misma dirección, el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto crear cuatro comisiones presidenciales para impulsar reformas estructurales que el país viene postergando: una para enfrentar la informalidad laboral; otra para profundizar los mercados financieros y ampliar las fuentes de financiamiento para empresas y proyectos; una tercera para elevar la calidad y velocidad de la inversión pública; y una cuarta para reducir la evasión tributaria. Son cuatro frentes distintos con un mismo objetivo: aumentar la productividad del Perú y crear mejores condiciones para invertir, crecer y generar empleo formal.

Plantearemos al Congreso una agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre. La propuesta de delegación de facultades contempla simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas.

Esta reforma debe tener dos condiciones. Primero, ser simple y predecible para el contribuyente. Segundo, ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad y la base tributaria. No se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una empresa mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse. Aprovecharemos para evaluar algunas exoneraciones vigentes.

El Estado también utilizará sus compras para abrir mercado a las MYPE. Durante el segundo semestre de 2026, Compras a MYPErú prevé requerimientos cercanos a 11 millones de soles para atender demanda pública de manera descentralizada, impulsando a empresas de sectores como textil-confecciones, cuero y calzado y metalmecánica.

En el agro, el acceso a financiamiento es decisivo. La meta sectorial es superar los mil millones de soles en desembolsos durante 2026 a través del Fondo AGROPERÚ y AGROBANCO y ampliar de manera sostenida el financiamiento durante el quinquenio. Al mismo tiempo, reactivaremos infraestructura de riego paralizada. El compromiso contempla destrabar 75 obras en 18 departamentos, con una inversión total de 618.9 millones de soles, que permitirían irrigar más de 83 mil hectáreas y beneficiar a más de 62 mil familias. Para diciembre de 2026 se prevé culminar nueve de esos proyectos y, hacia julio de 2027, destrabar otros diez.

La infraestructura energética también tiene que acompañar el crecimiento. Hacia julio de 2027 se proyecta la entrada en operación de seis proyectos de generación que incorporarían 1,096 megavatios de capacidad instalada. Se impulsará además una cartera de proyectos de transmisión. Energía suficiente y confiable es competitividad para la industria, para el comercio y para las regiones.

Coincidimos con la necesidad de transformar la matriz energética del transporte público, como ya lo han hecho otros países de la región. La volatilidad de los precios de los combustibles también refleja nuestra alta dependencia de las importaciones, una vulnerabilidad que debemos corregir.

Una alternativa estratégica es el gas natural, por su disponibilidad y potencial para reducir costos y fortalecer nuestra seguridad energética. Hoy existe un proyecto que involucra a 15 ciudades de la macrorregión sur, incluida Ucayali. Será una prioridad evaluar y acelerar las alternativas que permitan masificar el uso del gas natural, especialmente en el transporte público, para reducir nuestra dependencia externa y dar mayor estabilidad a los precios.

La conectividad es clave para el desarrollo. Estamos dando un nuevo impulso a las concesiones viales y ferroviarias, con una agenda concreta de proyectos estratégicos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la competitividad del país.

Al 2026, priorizamos intervenciones como los accesos a Choquequirao (Cusco), Macusani–Nuñoa (Puno), el sector Aserradero (Amazonas), el Puente Chancay (Lima), el tercer carril de la Panamericana Sur (Lima e Ica) y los evitamientos de la Autopista del Sol (La Libertad, Lambayeque y Piura). Estas obras permitirán descongestionar corredores estratégicos, mejorar la transitabilidad y seguridad vial y fortalecer la conexión con los principales centros productivos y logísticos del país.

Hacia julio de 2027 seguiremos avanzando en proyectos como los pares viales de Arequipa (Arequipa), el Puente Primavera (Lima), el Intercambio Vial Salaverry (La Libertad) y el Evitamiento Chancay–Chancayllo (Lima), mientras que en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao continuaremos con la excavación y la restitución de las vías en superficie.

Y para el 2031, avanzaremos en corredores fundamentales como el Interoceánico Sur (Cusco, Puno y Arequipa), IIRSA Norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto), las Redes Viales N.° 4 (Lima, Áncash y La Libertad), N.° 5 (Lima) y N.° 6 (Lima e Ica), y la Autopista del Sol (La Libertad, Lambayeque y Piura), además de continuar con la puesta en operación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

En los aeropuertos de Juliaca, Arequipa y Yurimaguas se impulsan intervenciones que en conjunto superan los 900 millones de soles para rehabilitar pistas, drenajes y ampliar capacidad de atención. En San Martín, el Puente Tarata, con una inversión superior a 379 millones de soles, debe culminar hacia julio de 2027 y reemplazar el cruce mediante balsas por una conexión permanente para más de 32 mil ciudadanos.

Y en conectividad digital, durante el 2026 se pondrán en operación redes de acceso en Huánuco y Pasco para beneficiar a 317 mil ciudadanos de 612 centros poblados; hacia julio de 2027 se proyecta llevar conectividad móvil a 600 localidades rurales adicionales.

Queremos inversión minera responsable, pero debemos ser precisos: la inversión la decide y ejecuta el sector privado. La responsabilidad del Gobierno es generar seguridad jurídica, procedimientos previsibles y decisiones oportunas. El sector Energía y Minas proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026, y tiene como referencia una cartera que podría superar los 33 mil millones de dólares de inversión ejecutada al 2031. No presentaremos esa cifra como dinero que el Estado controla. Presentaremos lo que sí nos corresponde: reducir demoras, evitar duplicidades y dar predictibilidad sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales.

Queremos también una actividad pesquera más productiva, sostenible y competitiva, capaz de generar más empleo e ingresos para las miles de familias que dependen de ella. Para ello, necesitamos conocer mejor nuestro mar y tomar decisiones sobre nuestros recursos con información científica oportuna y de mayor precisión.

Por eso, después de más de treinta años, el Estado peruano volverá a invertir en una embarcación de investigación científica, encargada a los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), con una inversión cercana a 190 millones de soles.

Esta nueva capacidad permitirá estudiar con mayor precisión la anchoveta y especies de gran importancia económica como la pota, el bonito, el perico, el jurel y la caballa, fortaleciendo la información científica que necesitamos para gestionar de manera responsable y sostenible nuestros recursos pesqueros.

También vamos a convertir la seguridad jurídica de la propiedad en una herramienta económica. La formalización predial y la simplificación de los procedimientos registrales permiten que más familias protejan su patrimonio y que más activos puedan incorporarse a la economía formal. El objetivo es ampliar el acceso a títulos, reducir tiempos y hacer que la propiedad formal abra puertas a inversión, financiamiento y desarrollo urbano ordenado.

La apertura comercial seguirá siendo política de Estado. Durante 2026 se impulsará la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Hong Kong, se avanzará en nuevos acuerdos y se promoverá la oferta exportable regional. La meta de largo plazo es que el Perú consolide su posición como plataforma de comercio, inversión y servicios entre América del Sur y el Asia-Pacífico, manteniendo nuestra participación en APEC y otros bloques económicos.

Crecer no es anunciar una cifra de PBI. Crecer es que la empresa tenga reglas estables, que el productor consiga crédito y agua, que la carga llegue a tiempo al mercado, que las regiones tengan energía y conectividad, y que más personas encuentren un empleo formal. Esa es la productividad que queremos impulsar.

El quinto eje parte de una convicción fundamental: la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes no son negociables. Este Gobierno será un defensor de la institucionalidad democrática, las libertades de prensa y de expresión y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Gobernaremos con la Constitución y la ley como herramienta poderosa en un Estado de derecho, con reglas claras y con pleno respeto a las instituciones y eso nos da la autoridad para enfrentar con firmeza a los criminales que atacan a nuestros ciudadanos.

Pero la democracia también exige diálogo. Este será un Gobierno abierto a escuchar y a conversar con todos: con las fuerzas políticas, los gobiernos regionales y locales, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones sociales y la ciudadanía. Podemos tener diferencias, pero el país no puede quedar paralizado por ellas. El diálogo no significa renunciar a nuestras convicciones; significa buscar acuerdos allí donde estos sean posibles y resolver nuestras diferencias dentro de las instituciones.

La gobernabilidad también necesita instituciones previsibles, cuentas ordenadas y reglas claras, porque la estabilidad política y la estabilidad económica se necesitan mutuamente. Por eso, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsará progresivamente un enfoque presupuestario que permita definir primero cuánto puede gastar responsablemente el Estado y, a partir de ello, priorizar seguridad, políticas sociales e infraestructura. Gobernar también es saber priorizar.

También vamos a comprar mejor. Ampliaremos las compras corporativas obligatorias para aprovechar el poder de compra del Estado y obtener mejores condiciones. El objetivo es simple: que cada sol público rinda más y se traduzca en mejores servicios para los ciudadanos.

Necesitamos, además, estabilidad y predictibilidad tributaria. Las reglas deben ser claras, permitir que ciudadanos y empresas cumplan sus obligaciones y reducir incertidumbres innecesarias. Por ello, solicitaremos al Congreso facultades para simplificar regímenes y obligaciones formales, precisar reglas del Impuesto a la Renta y modernizar el régimen aduanero, facilitando el comercio sin debilitar el control del Estado.

Esta es nuestra apuesta: instituciones fuertes, democracia respetada, derechos protegidos, diálogo abierto, cuentas responsables y reglas claras. El Gobierno no va a poner obstáculos innecesarios a quienes trabajan, emprenden e invierten. Vamos a crear las condiciones para que el Estado sea parte de la solución y no parte del problema.

Tenemos metas a diciembre de 2026, a julio de 2027 y al 2031 porque queremos que la política pueda ser seguida en el tiempo. No todo resultado se obtiene en seis meses, pero en seis meses sí tiene que poder demostrarse que el Gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que iba a hacer.

En seguridad, se podrá verificar el equipamiento de la División de Investigación de Extorsiones, el avance del sistema de videovigilancia, los operativos penitenciarios y las acciones contra economías ilícitas.

En desarrollo social, las transferencias orientadas a resultados, el avance de la atención domiciliaria, los servicios educativos, las conexiones de agua y gas. En productividad, las obras de riego destrabadas, los proyectos de generación, la conectividad y las reformas normativas presentadas. En prevención, la capacidad operativa ante emergencias y la ejecución de drenaje y empleo temporal. En gestión pública, el ahorro de las compras corporativas y la disciplina presupuestaria.

No todas las metas dependen exclusivamente de una sola entidad y no todas tienen el mismo horizonte. Por eso hemos diferenciado lo que vamos a ejecutar, lo que estamos ejecutando y lo que proponemos al Congreso.

El Perú afronta grandes desafíos y no podemos ignorarlos. La inseguridad golpea a las familias y a quienes trabajan; los fenómenos naturales nos obligan a estar preparados; la salud y los servicios públicos reclaman respuestas; y nuestra economía necesita recuperar inversión, empleo y oportunidades. Los retos son enormes, pero mayor es nuestra decisión de enfrentarlos.

Por eso, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori no viene a administrar los problemas ni a postergar las decisiones. Viene con acciones concretas y un rumbo claro. Cada una de las prioridades que hoy hemos presentado tiene un propósito: que el Estado vuelva a responder y que sus resultados se sientan en la vida de los peruanos.

Esta presentación ante la Cámara de Diputados cumple con una obligación institucional. Pero el compromiso de este Gobierno con el país no se agota en una formalidad. Se demuestra gobernando, tomando decisiones, ejecutándolas y respondiendo cada día ante los ciudadanos por sus resultados.

Y para enfrentar esta etapa, necesitamos instituciones que cumplan su responsabilidad, fuerzas políticas capaces de poner al Perú por encima de sus diferencias, organizaciones sociales comprometidas y ciudadanos dispuestos a construir juntos. La seguridad, el crecimiento, la prevención frente a los desastres y la recuperación de la confianza en el Estado no son tareas de un solo poder ni de un solo sector: son desafíos que nos comprometen a todos.

He estado en ese lado de la cancha y sé que el control político es una función esencial del Congreso. Además, por su propia naturaleza, el Parlamento no ejecuta obras ni presta directamente servicios: no instala una posta, no lleva agua, no entrega un título de propiedad.

Pero los tiempos han cambiado y también lo que los ciudadanos esperan de sus autoridades. El país ya no quiere más años perdidos en debates, enfrentamientos o crisis políticas sin soluciones. Quiere que sus autoridades resuelvan.

Por eso, les propongo acompañar a los funcionarios, a los ministros y al Gobierno en general a destrabar aquello que hoy impide que una posta se instale, que el agua llegue, que las medicinas estén disponibles o que los útiles escolares lleguen a tiempo a nuestros niños. Seamos juntos parte de la solución, sin abandonar, por supuesto, la fiscalización ni la sanción cuando corresponda.

El Perú nos exige avanzar con fuerza en todo aquello en lo que podemos ponernos de acuerdo y para eso, Ejecutivo y Legislativo podemos coordinar, respetando nuestras competencias, para que las soluciones lleguen más rápido a quienes las necesitan.

Que este sea el inicio de una nueva era política: menos confrontación estéril, más coordinación; menos trámites y discursos, más soluciones.

Tenemos problemas enormes, sí. Pero tenemos algo más grande: un país que no se rinde. Un país de hombres y mujeres que trabajan, emprenden, producen, estudian y sacan adelante a sus familias aun en las circunstancias más difíciles. En esa fuerza está nuestra esperanza y nuestra confianza.

El futuro del Perú no está escrito. Lo vamos a construir con nuestras decisiones y con nuestro trabajo. Este Gobierno hará lo que le corresponde: gobernar con la mirada puesta no solo en los problemas de hoy, sino en el país que queremos dejar a las próximas generaciones.

Hoy reafirmamos ante esta Cámara y ante todos los peruanos nuestra decisión de asumir estos desafíos sin excusas y sin temor a tomar las decisiones que el país necesita. Vamos a gobernar con firmeza, con sentido de urgencia y con la responsabilidad que nos impone este momento. Pero también con la convicción de que el Perú no está condenado al miedo ni a la incertidumbre.

El Perú tiene un futuro mejor por delante. Y este Gobierno está decidido a trabajar para hacerlo realidad.

Muchas gracias