El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al fiscal provincial penal titular de Maynas, Carlos Ramos Mollocondo, quien tiene una sentencia condenatoria por violencia familiar y dispuso la cancelación del título que lo acreditaba como magistrado en Loreto.
La medida dispone también la inscripción de la medida en el registro personal del
destituido fiscal, cursándose el oficio respectivo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la fiscal de la Nación.
En la resolución que fue notificada al exfiscal Ramos Mollocondo, la JNJ indica que ha quedado acreditado que en el proceso judicial seguido en su contra, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Maynas lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, a 2 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 1 año; así como al pago de cuatro mil quinientos a favor del Estado y diez mil soles como reparación civil a favor de la agraviada.
Agrega que los certificados médicos legales señalan que el depuesto fiscal propinó golpes de puño y patadas a la víctima en un condenable caso de violencia familiar ocurrido el año 2015. Desde entonces, Ramos Mollocondo ha venido interponiendo recursos en diferentes instancias judiciales; incluso contra la JNJ, para evitar su destitución.
“El
fiscal debe encarnar los valores más altos en el sistema de justicia, como el decoro, respeto, humanidad, acorde con el rol que desempeña en la sociedad. En ese sentido, la condena impuesta al fiscal Ramos Mollocondo, a juicio de la
Junta Nacional de Justicia, afecta gravemente el ejercicio de la función fiscal, en tanto daña su imagen, credibilidad y la confianza pública que se requiere para el desempeño de la misma, lo que también repercute en el Ministerio Público, por lo que, al haberse acreditado el supuesto previsto en el artículo 54 de la Ley de la Carrera Fiscal, correspondiente a haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, procede aplicar la sanción de destitución”, indica la resolución.
Por último, la Junta Nacional de Justicia afirmó que está comprometida con la Política Nacional de Igualdad de Género, política transversal que involucra a la totalidad de sectores y con los instrumentos internacionales que buscan eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
“Queda claro que toda violencia basada en género es una forma de discriminación contra la mujer que merece acciones concretas por parte de las entidades del sistema de justicia”, acotó.
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(FIN) NDP/MAO
Publicado: 25/4/2023